jueves, 19 de septiembre de 2013

LA IMPOSTURA NACIONALISTA

Con secesiones políticas en ciernes, interesa resaltar más que nunca la, no sólo espúrea sino facinerosa y obscena, instrumentalización de la libertad y de la democracia perpetrada con todo descaro por el nacionalismo.

La apelación a la libertad, la idea de que las naciones deben ser libres constituyéndose en Estados políticos, no puede ser más vaga, ingenua y capciosa. Primero, no es posible acordar con mínimo rigor y objetividad cómo definir ese sujeto colectivo, esa quimera, esa hipotética entidad trascendente y necesaria, esa absurda unidad de destino en lo universal que bajo el apelativo de “nación” fundamenta las mayores violencias. Segundo, y más fundamental, la libertad -como la responsabilidad, la voluntad, el interés o cualquier otra potencia, condición o facultad humana-,  sólo se puede predicar de sujetos individuales, de personas. Ningún individuo es en absoluto más libre por el mero hecho de estar adscrito a un Estado político menor, aunque él mismo y no una mayoría pudiera elegirlo: sería una libertad tan dudosa como la de poder elegir al amo que te esclavice.  Supone una brutal perversión del concepto -del tenor de ensalzar la libertad del delincuente para agredir a sus víctimas-  sacrificar libertades individuales reales en aras de imaginarias e inexistentes libertades colectivas inspiradas en esas ficciones holistas que otorgan realidad autónoma y mente propia a grupos y comunidades, a la par que degradan al individuo a la suerte de célula desechable. La “libertad nacional” es, por tanto, una licencia poética, en el mejor de los casos; pero siempre una noción insustancial, una arbitrariedad y un torticero abuso del lenguaje.

Cuando, por ejemplo, un Estado ataca a otro amenazando su integridad, ninguna libertad real se compromete en principio por ese mero hecho (Si el Estado atacado es más totalitario que el atacante, podría incluso suponer una liberación para sus súbditos). Las únicas libertades en juego son siempre individuales y sólo en la medida que éstas se vean afectadas podrá hablarse con propiedad de liberación u opresión. Resulta sarcástico que se aprecie menoscabo de “libertad” (nacional) en el desmantelamiento de un régimen despótico, por muy extranjeros que sean sus promotores, si a la postre redunda en mayores derechos individuales;  o que se salude como una victoria de la libertad la independencia de un nuevo Estado (otra maquinaria de opresión contra el individuo) sin considerar las nuevas limitaciones individuales que pueda acarrear.

Por definición, las disputas políticas (quiénes ostentarán el poder de coaccionar a individuos pacíficos) en nada favorecen la causa de la libertad sino, a lo sumo, en términos relativos. La manipulación del principio de autodeterminación que realiza la propaganda separatista es obscena, pues se autorrefuta: piden que se acepte una premisa que niegan a renglón seguido. Si cualquier colectivo tiene derecho a autodeterminarse, ¿por qué no aplicar tal derecho hasta llegar al individuo? La contradicción es flagrante ¿Por qué restringir la autodeterminación a Cataluña y no  ampliarla a la provincia de Lérida? ¿Por qué no a la ciudad de Barcelona o a uno de sus barrios? ¿Por qué los individuos no se pueden autodeterminar? Aun admitiendo que los territorios pudieran ser sujeto de libertad, lo cual es un disparate, ¿por qué limitarla entonces, con idéntico dogmatismo inmovilista que denuncian en el centralismo, a una región y no a sus partes? ¿Por qué la libertad de los catalanes ha de ser más valorada que la de los españoles o los leridanos? Las mismas armas dialécticas que esgrimen se vuelven contra ellos. Si tuvieran razón, no la tendrían; y ello es así porque el nacionalismo es por completo inconsistente e irracional. Es, en realidad, fascista, pues, despojado de hipocresías, no apela en serio a más “argumento” que a la mera fuerza.

Analicemos ahora la impostura democrática. Sermonea el nacionalismo que lo justo y democrático es votar, pero siempre que se restrinja el voto a sus partidarios y adoctrinados.

No es, desde luego, condición suficiente de legitimidad de una votación el que se permita participar en ella a todos los afectados por el resultado de la misma (por ejemplo, dejar votar a la futura víctima en los comicios sobre su asesinato está claro que no los legitima), pero no se puede dudar de que es condición necesaria. Pues bien, los nacionalistas se arrogan la soberanía de decidir en exclusiva el futuro ajeno y pretenden con inaudito cinismo que eso es democrático. Según eso, Marruecos, pongamos por caso, podría integrarse democráticamente en el Estado español sólo con aprobar un referéndum limitado a los marroquíes y sin considerar la opinión de los españoles. Si la libre imposición unilateral de un compromiso, obviamente, escandaliza al sentido común, no se entiende cómo la libre ruptura también unilateral pueda no hacerlo.

Pero la cuestión dista mucho de ser ésa. No se trata de dos partes soberanas que simplemente deban negociar y considerar los intereses contrarios, sin que referendos unilaterales puedan resolver nada. Se trata de una banda mafiosa de privilegiados, los nacionalistas, que se inventan ex níhilo una soberanía ilegal e ilegítima con la que pretenden subvertir el statu quo.

En este punto conviene aclarar cuestiones básicas. La única soberanía legítima es la individual, pues es la única que respeta el imperativo categórico y la dignidad humana. Cuando se carece de legitimidad, y cualquier poder político convencional carece de ella por definición, la legalidad positiva se convierte en necesaria fuente de legitimidad artificial, en homenaje que el vicio rinde a la virtud para que la convivencia humana no degenere en agresión permanente. El valor de la legalidad, la implementación de normas generales y abstractas, trasunto de la suprema norma general y abstracta: la prohibición del inicio de la coacción, no radica en las concretas normas jurídicas en sí, que pueden ser, y de hecho lo son, bastante arbitrarias, sino en su generalidad, abstracción y estabilidad. Estabilidad. De ahí que, céteris páribus, la legalidad antigua es, obviamente, más “legítima” que la nueva, dado que es imposible instaurar nuevas reglas del juego sin violar las anteriores, es decir, sin alterar violentamente la convivencia.

Por ello, afirmar que la soberanía reclamada por el nacionalismo es ilegal no es una mera obviedad irrelevante, como decir que de noche no brilla el Sol, sino que presenta claras implicaciones éticas: se necesitan muy buenas excusas para perturbar la paz.

Las secuelas del aberrante positivismo jurídico, el derecho del más fuerte, inducen a restar importancia ética a la ilegalidad: si la ley es sólo la imposición inmoral del poder, no existe inmoralidad en saltársela. Pero los malvados, siquiera anecdóticamente, también pueden imponer algo bueno, de ahí que la carga de la prueba moral siempre recae en quien viola la ley.  En este caso el nacionalismo pretende violar la ley sin otro respaldo que una “moral” fascista: lo hacemos porque podemos, porque un poder tan corrupto e inmoral como nosotros no se atreverá a enfrentarse a otros delincuentes, pues valora más la paz entre criminales que el derecho de la gente honrada.

En resumen, si unas votaciones, por generales y oficiales que sean, no pueden resolver con justicia derechos fundamentales, menos lo harán unas restringidas, ilegales y amañadas. Pretenderlo es una grotesca veleidad democrática. 

Como anarcoliberal, debería celebrar la fragmentación territorial del poder, pues parece aumentar las posibilidades del individuo de sustraerse a la coacción simplemente votando con los píes, o sea, yéndose de donde no esté a gusto. Sin embargo, primero, el fin no justifica los medios, y en este caso el nacionalismo es una ideología perversa rechazable por sí misma aunque tuviera algún efecto colateral positivo. No combatirlo por razones tácticas es una inmoralidad  inasumible para un pensamiento precisamente moral y no político como es el anarcoliberalismo. Segundo, la descentralización política es más efecto que causa de libertad, como la historia demuestra; por ejemplo, no se puede decir que el mosaico feudal fuera un dechado de libertades, de hecho la burguesía y derechos civiles comenzaron a desarrollarse con los Estados autoritarios renacentistas. Tampoco está claro que en las tribus prehistóricas los individuos gozaran de grandes libertades con la vida siempre amenazada por el vecino. No, si el poder propende en buena medida a centralizarse espontáneamente es por algo. Es porque crea cierto grado de Estado de Derecho. Los anarcoliberales, simplemente, hemos descubierto que para comer jamón no es preciso tener al cerdo en casa, es decir, que para disfrutar del imperio de la Ley no es condición ni mucho menos imprescindible estar sometido a las arbitrariedades del poder. Así como el hecho de que, por ejemplo, ciertas enfermedades tengan una lógica evolutiva (la diabetes ayudó a la especie humana a sobrevivir en la Edad de Hielo) no las convierte en buenas, la inteligencia humana puede y debe aislar lo positivo de lo negativo aunque históricamente parezcan indisociables. Es este cabal conocimiento el que nos salvará, no una mera y alocada disgregación del poder de efectos más perniciosos que eficaces.

Además, es evidente que un nuevo Estado político representa una nueva barrera a la libertad de comercio y a la libre circulación de personas y capitales. Eso por no hablar de la usurpación literal de propiedad común, cuando una banda de mafiosos se apropia indebidamente de territorios cuya jurisdicción y posesión se arroga, y de la liquidación de derechos fundamentales amparados por la legalidad conculcada. Que ningún gobierno se distinga en esencia de una banda de ladrones no justifica la creación de nuevas mafias y supone arruinar lo poco o mucho de imperio de la ley que la mafia anterior haya establecido.

miércoles, 19 de junio de 2013

LA PAMEMA DE LOS PERVERSOS PODERES ECONÓMICOS

La condena del poder financiero, bajo la acusación de carecer de aval democrático, como inaceptable condicionante, cuando no despótico constrictor, del legítimo poder político es habitual en la retórica políticamente correcta. Semejante absurda proposición y generalizada aceptación acrítica de la misma constituye buena muestra de la confusión de conceptos y recalcitrante necedad que domina el panorama, como a continuación se demostrará.

A bote pronto, ya deberíamos percatarnos de que se trata de equiparar y confrontar “poderes” de radical diferente naturaleza caracterizados, por definición, uno, el económico, por el acuerdo voluntario y el respeto a la norma general y abstracta, y el otro, el ejecutivo, por la coacción sistemática y la arbitrariedad. La capacidad económica no puede per se representar amenaza alguna y el hecho de que con ella se puedan comprar voluntades políticas no hace sino confirmar la peligrosidad de un poder político susceptible de someterse a los más prosaicos intereses aunque se disfracen de los nobles ideales que pavimentan el infierno. Es decir, la potestad de hacer el mal, de esclavizar, de extorsionar, de discriminar, deviene exclusivamente de la política y sólo en la medida que el poder económico puede convertirse en político llega éste a suponer un riesgo, pero sin la presunta legitimidad de agredir y coaccionar que presupone la política, el dinero carecería de toda capacidad corruptora, puesto que no habría nada que corromper.

Un billete no es arma que pueda oponerse a una pistola, y replicar que éstas se pueden comprar confirma que el mal radica en ellas, no en el dinero. Es un disparate colosal y una contradicción en los términos referirse a un metafórico poder de los mercados o de los mercaderes enfrentado a un poder real, el político, al que se encuentra por completo subordinado. Cierto que de donde no hay no se puede sacar, cierto que ante una economía depauperada no hay voluntad política que valga, pero ni financieros ni hombres de negocio tienen la facultad por sí mismos de intervenir el sistema económico, competencia exclusiva, por definición, de la política. Prueba evidente de lo impropio y artificioso de argüir supuestos poderes económicos es que no se precisa de ninguna rebelión violenta contra ellos, bastando un simple decreto de expropiación para enervarlos.

Sin embargo, cuanto más socialista más le viene como anillo al dedo a la casta política esgrimir el fantasma de  pretendidas imposiciones del capital que la exoneren de los desastres y frustraciones que sus mangoneos han originado, a la vez que justifique renovadas intervenciones y dependencias. No hay como inventarse un cabeza de turco al que culpar de la propias responsabilidad e incapacidad para desviar la atención.

Ningún abuso ha podido cometer la banca, o sea, ninguna violación de los principios generales del derecho, que no fuera auspiciado directamente por el poder político. El único beneficio empresarial ilegítimo e impune es el arramblado a la sombra de privilegios y monopolios gubernamentales, ya que cualquier otro tipo de fraude en tanto que ilegal es una mera cuestión de código penal ordinario. El llamado poder económico carece de la capacidad de ejercer la mínima violencia sobre los ciudadanos si no cuenta con la aprobación del poder político, el único poder real ¿Qué cuento es ése de bienintencionados políticos impotentes ante la perversidad de voraces financieros o, dibujado de manera aún más imprecisa y falaz, bajo la dictadura de los mercados? Con más sólidos argumentos cabría hablar de poderes éticos, intelectuales, culturales o religiosos como contrapeso al poder político obviando que carecen de la mínima capacidad ejecutiva. No distinguir la mera influencia o ascendiente de la pura  coerción está en la raíz del engaño y la confusión, porque aun siendo el poder de la ley, de la justicia y de la razón muy superior en el largo plazo  al de la fuerza y la violencia, no son en absoluto equiparables ni confrontables. Se trata de la clásica distinción entre ‘auctoritas’ (autoridad) y ‘potestas’ (potestad)

Y llegamos al meollo del asunto. La ‘auctoritas’ económica se cimienta en la propiedad privada; en el dominio sobre uno mismo, sobre las propias creaciones o lo que libremente se ha intercambiado y en el recíproco respeto a la propiedad ajena. La ‘potestas’ política faculta para coaccionar a los demás y usurpar sus propiedades. El llamado ‘poder económico` no es otra cosa que el poder moral que censura el robo y la violencia. El poder de los mercados es simplemente el derecho a no ser expoliados por cualquier gobierno que necesite financiación; como este derecho fundamental coarta y limita la ejecutoria política no faltan cínicos prestos a concluir que un poder no elegido por el pueblo dirige la política: en efecto, el Estado de Derecho, el marco que garantiza la convivencia pacífica entre iguales, debería ser barrera infranqueable para la coacción política. Nunca lo ha sido, de hecho, hasta la llegada de la globalización.

Antes de la liberalización mundial de mercados y capitales nadie hablaba de tales poderes fácticos. Sencillamente, cada gobierno robaba a sus súbditos –con toda clase de impuestos y devaluaciones monetarias- cuando lo consideraba menester, y punto. Con el fenómeno de la globalización el acendrado vicio confiscatorio se tornó más arduo y complicado dadas las nuevas vías de escape, y comenzó a fraguarse el mito del poder económico contrapuesto al político. La actual crisis de endeudamiento masivo en la zona euro resulta paradigmática al respecto. El político banco central instigó una expansión crediticia fraudulenta causante de toda clase de despilfarros y nefastos errores de inversión. Como es natural, el desastre no ha sido homogéneo: además de las habituales diferencias de gestión entre los agentes en función de su prudencia y eficacia, en Europa conviven muy distintas legislaciones y políticas fiscales que han modulado la ruina. En semejante tesitura, cabe una opción: tomar el camino correcto de desendeudarse con austeridad y ahorro, aumentando la productividad mediante la liberalización de los mercados y la disminución del gasto público, o continuar la borrachera y socializar las pérdidas, robando y engañando a la gente, a fin de mantener el statu quo de iniquidad y privilegio. Aquí surge el problema para la delictiva socialdemocracia, porque la vía política, la insidiosa y ladrona devolución monetaria, sólo es factible bajo un gobierno único: Japón, UK y USA pueden hacerlo porque pueden robar impunemente a sus clases más laboriosas y eficientes, pero en la Europa del euro es imposible sacrificar la eficiencia del norte en beneficio de la irresponsabilidad meridional.

La política muere de realidad, porque tarde o temprano los discriminados y oprimidos se rebelan en una espiral de conflictos y guerras sin fin. No son las desigualdades económicas derivadas del propio esfuerzo y de acuerdos voluntarios –la riqueza del trabajador no perjudica al vago- las que engendran injusticia y privilegio, sino las desigualdades políticas que permiten vivir a unos a costa de otros. La desigualdad política, la desigualdad ante la ley, la violencia que obliga a obedecer mandatos arbitrarios, es el único cáncer de la humanidad y como tal debe ser combatida.

sábado, 27 de abril de 2013

CARTA ABIERTA A CARLOS FUENTES

Señor director del programa Queremos Opinar:

No es usted consciente, porque le supongo una buena persona, del grave daño que causa su programa. Bajo la apariencia de un debate, se dedica a difundir un único discurso políticamente correcto que al menos  en lo económico nos conduce directamente al abismo. ¿Por qué no intenta usted conformar tertulias algo más equilibradas? ¿Por qué no llama a su acalorado y poco riguroso cenáculo a alguien como Huerta de Soto, Rodríguez Braun o Juan Ramón Rallo, gente que pueda dar la réplica a la habitual propaganda keynesiana con que día a día nos machacan, y no meros comparsas de pacotilla sin espíritu ni facilidad de palabra? Ofrece usted la posibilidad de opinar mediante una llamada telefónica, pero aunque fuera cierto que admite cualquier opinión seria y respetuosa por revolucionaria que sea, en treinta segundos no se puede explicar casi nada más allá de formular una mera adhesión o rechazo, con lo que dicha deferencia se convierte en coartada para ocultar la manipulación y escasa disposición a mantener un debate honesto.

No es complicado refutar las barbaridades que suelen proferir sus colaboradores, pero se requiere algo de tiempo y calma para una adecuada exposición de argumentos frente a las típicas argucias y falacias que esgrimen. Como, por ejemplo, el recurrente disparate de que la austeridad impuesta por Alemania asfixia nuestro crecimiento. Para empezar, Alemania no impone nada, simplemente se niega a envilecer la moneda, es decir, a que se expolie a los abnegados ahorradores y a una indiscriminada bajada de sueldos por decreto. Es cierto que precios y salarios están sobredimensionados y lastran terriblemente nuestro desarrollo económico causando paro y ruina general, es verdad, pero el camino correcto pasa por reconocerlo y permitir que sea el mercado quien los adecue. ¿Es honrada una disminución de sueldos por igual sin diferenciar entre eficientes e ineptos, entre prudentes e insensatos, entre trabajadores y vagos? Algunas remuneraciones habría incluso que aumentarlas, pues deben ser establecidas por pacíficos acuerdos voluntarios mutuamente satisfactorios; porque eso es justamente el mercado, no lo olvide, señor: cuando alguien habla de los malditos y despiadados mercados se refiere a los malditos y despiadados pacíficos acuerdos voluntarios mutuamente satisfactorios.

El único efecto positivo de darle a la máquina de imprimir billetes, el ajuste de precios y salarios a la realidad económica, se logra de manera infinitamente más eficiente y justa permitiendo que sea el mercado quien lo establezca, es decir, liberalizando por completo los mercados, en especial, el laboral (no la acomplejada reformilla timorata que ha perpetrado este gobierno) y aboliendo los privilegios. Es obvio que así desaparecería el desempleo de manera prácticamente inmediata. Por reducción al absurdo: trabajando gratis, ¿no se colocaría de inmediato todo el mundo? Pues no es en absoluto necesario trabajar gratis para colocarse (ni “colocarse” para trabajar gratis), basta con ofrecer un servicio rentable, no exigiendo a cambio más de lo que se aporta o se compromete.

Por consiguiente, ¿cómo alguien honesto puede preferir generar inflación, incautar el patrimonio ajeno honradamente ganado y ahorrado, a liberalizar los mercados? Sólo existe una explicación: la devaluación monetaria es un impuesto brutal, un encubierto saqueo de recursos privados, que alimenta a la casta política y a su insaciable vicio despilfarrador. Sólo se trata de justificar el poder establecido, su sistemático latrocinio y el imparable avance del Estado contra la sociedad civil. El keynesianismo y el monetarismo se reducen a eso, a avalar el intervencionismo político, así hayan de recurrir a los “razonamientos” más peregrinos y absurdos; con notable éxito bajo la égida de los poderosos, que no dudarán en apoyar y financiar programas como el suyo. Pero no voy a ofenderle con mi felicitación, porque quiero creer en su buena fe.

En segundo lugar, la depreciación monetaria evita tener que destapar el inmenso fraude que sustenta a políticos y sindicalistas: la mentira del permanente conflicto de intereses entre la clase trabajadora y la empresarial, supuestamente sólo sobrellevado a duras penas mediante su tutela y arbitraje. El problema de la liberalización de mercados es que pondría de manifiesto con claridad meridiana el mal que supone la injerencia política  y lo poco que necesitamos la coacción de esa casta de mafiosos. A muchísimos se les acabaría el chollo cuando fuera palpable lo perfectamente prescindibles y onerosos que son. Otra razón de peso para seguir engañando a la gente.

En tercer lugar, la inflación sí que transfiere el peso de la crisis, las fatales consecuencias de decisiones irresponsables, no sólo a los más inocentes, sino también más sensatos y eficientes. En efecto, esta es una crisis de deuda y gasto superfluo y desbocado. El ahorro no es la causa, es su antídoto, pero la soflama política tan proclive al populismo, al despojo de la minoría excelente y virtuosa para satisfacción de la mayoría perezosa y hedonista, gusta de premiar a los irresponsables castigando, robando, a los buenos. Ése es el objetivo de toda política, luego no es extraño que sus esbirros aplaudan tales métodos.

Sin embargo, lo peor de los cantos de sirena keynesianos es su empecinada ceguera ante el origen de la crisis que padecemos, es decir, ante el inducido cúmulo de sistemáticos errores de inversión que nos han llevado a malgastar con total insensatez y a tener ahora que despedir a cientos de miles de personas de empresas inviables. Los políticos no sólo han tolerado el fraude de la demencial expansión crediticia, lo han estimulado directa y deliberadamente para financiarse y ganar elecciones; son autores dolosos y pretenden ahora encabezar la manifestación de protesta culpando ora al fantasma de los mercados y a la codicia de no se sabe qué irregulados poderes financieros, ora a un etéreo gasto insuficiente; pamemas absurdas que nadie puede explicar con alguna consistencia o mínimo relato lógico. ¿No se ha dado cuenta de que se limitan a colocar consignas gratuitas y contradictorias, siendo imposible seguir sus razonamientos porque carecen de ilación solvente?

Padecemos una economía mundial hiperintervenida por el poder político. Prueba suficiente de ello es la desaparición del patrón oro y la imposición del dinero fiat, o sea, de curso forzoso. Esto es un hecho innegable. Las distorsiones que la autoridad monetaria causa en la economía creando dinero prácticamente a placer deberían ser evidentes hasta para el más simple: primero, disminuyen los ingresos reales y socavan el ahorro; segundo, al ser medios de pago basados en deuda encubierta que deben ser aceptados sin la contrapartida de un tipo de interés que compense el riesgo asumido, inducen la ilusión de una abundancia y riqueza inexistente, lo cual, unido a los privilegios, licencias y refinanciaciones que el poder político otorga a la banca para cometer fraude expandiendo el crédito a lo loco, provoca que el empresariado emprenda simultáneamente inversiones en diferentes etapas productivas, alejadas y próximas al consumo, incompatibles dada la riqueza real. El resultado inevitable es la acometida de ilusorios negocios que tarde o temprano se frustran originando oleadas de paro y desconfianza generalizada, o sea, la recesión.

Lo anterior es un análisis, resumido y manifiestamente mejorable pero coherente, que explica la realidad. Se basa en premisas innegables y deducción lógica elemental, en simple sentido común. Quien no entienda algo no tiene más que preguntar y sus dudas serán aclaradas. Nada que ver con las consignas primarias, las peticiones de principio y los discursos demagógicos que complacen al poder constituido.

Analicemos ahora la recidiva monserga marxista de los supuestos efectos nocivos del ahorro, de la acumulación de capital, sobre la producción. Según esto los proletarios no reciben bastantes rentas para garantizar una demanda efectiva suficiente y las fábricas se ven abocadas al cierre. Es el colapso del capitalismo que nunca se ha producido. El “razonamiento” no puede ser más simple ni más equivocado, como se demuestra por elemental reducción al absurdo: supongamos que los obreros sean esclavos. Incluso en este caso límite, si los trabajadores no pueden consumir, sí podrán hacerlo en su lugar sus amos; y si alguno de estos es un filántropo austero que se niega a consumir, mejorará el poder adquisitivo de los restantes. El consumo es una consecuencia inevitable de la producción por la sencilla razón de que las necesidades y deseos humanos carecen de límite. Cualquier cosa que tenga valor económico será deseada por definición y, por tanto, consumida en cuanto disminuya su precio lo suficiente. Pero tal deflación lejos de ser algo perjudicial constituye una gran mejora; si es generalizada gracias a que los austeros filántropos aumentan, las fábricas, lejos de verse obligadas al cierre, multiplicarán su producción, pues la austeridad incrementará los salarios reales, el poder adquisitivo en general, es decir, mantendrá la demanda, además de capitalizar las empresas abaratando aún más los productos en el futuro. Es el fabuloso círculo virtuoso del capitalismo. Si la bajada de precios afecta sólo a un producto o sector será señal de que es preciso clausurar esa actividad para dedicar los escasos recursos a menesteres más urgentes o útiles. Así funciona el mecanismo de los precios, uno de los procesamientos de información más eficaces que existe. En un mercado libre, los trabajadores despedidos no tienen nada que temer pues automáticamente encuentran trabajo compitiendo en libertad con el resto, pues el trabajo es, como el sentido común indica, lo más abundante del mundo. Este tipo de cierres empresariales son mejoras del sistema productivo pues libera trabajadores de actividades superfluas en aras de otras más provechosas.

Como queda demostrado, lo que menos necesitamos es que la Merkel nos permita envilecer un euro que a estos efectos se comporta como una especie de patrón oro limitador de los fraudes. Y no lo permite porque equivaldría a dejarse robar impunemente. Si Europa fuera un Estado, el poder político esclavizaría a los eficientes y trabajadores alemanes, salvo que amenazaran con la independencia, en beneficio de la incompetencia y el despilfarro mayoritario. Afortunadamente, no lo es y no se puede imponer ese tipo de políticas demenciales que nos perjudican a todos aunque tácticamente pueda parecer que nos benefician. Ni mucho menos esto es una apología del nacionalismo, un tipo de socialismo de los más peligrosos, sino de la libertad individual y del respeto a la propiedad privada, pero eso ya es otro tema.

Hay otras formas de explicar la realidad, y si es usted honesto y tanto aprecia el debate y la opinión constructiva, debería darles cabida en su programa. Espero que en el futuro lo haga.

miércoles, 24 de abril de 2013

¡ACABAD YA CON ESTA CRISIS!

Un tal Krugman tiene publicado un librejo (¡Acabad ya con esta crisis!) que porfía en las absurdas recetas keynesianas para superar la crisis económica. Se  trata de un contumaz compendio de tópicos bien representativo de la necedad que suele presidir las cogitaciones de no pocos en esta materia y a la que conviene dar conveniente respuesta cada vez que aparece, pues las mentiras aspiran a convertirse en verdad a fuerza de repetirse.

El fulano no se corta un pelo y desde el principio parece reírse del mundo entero con la mayor desvergüenza. Se diría que desafía la lógica y la prudencia con la chulería de quien se cree en posesión de argucias suficientes para pastorear a legiones de borregos.

Sin embargo, es muy fácil desmontar sus burdas falacias a poco que se aplique el sentido común. Básicamente, pretende que todo el problema económico se deriva del gasto insuficiente. “Tu gasto es mi ingreso”, insiste con saña, incitándonos, si no  a adquirir alocadamente todo lo que se produce aunque no nos interese o proyectemos un mejor destino a nuestros escasos recursos, sí a ahorrar lo menos posible, ya que si nadie gasta, nadie ingresa, nos amenaza… y si gastamos devaluados millones ingresaremos devaluados millones, pero seguiremos igual de pobres. En otras palabras, este trilero pretende hacernos creer que duplicando la masa monetaria seremos el doble de ricos aunque la producción sea idéntica; pero hasta el más simple comprende sin mucho esfuerzo que la riqueza es por completo independiente del circulante: si éste se reduce a la mitad, el poder adquisitivo se duplicará; si se dobla, la unidad monetaria tendrá la mitad de capacidad de compra; y esto es así porque ambos factores son inversamente proporcionales y su producto debe permanecer constante e igual a la inalterada riqueza total. Lo que parece habernos despistado es la terrorífica sentencia de que si nadie gasta, nadie ingresa, ¡horror!; sin embargo, meditando un poco caeremos en la cuenta de que tal situación lejos de ser calamitosa resultaría una bendición: si pudiéramos vivir sin gastar o no nos conviniera no tendríamos la menor necesidad de ingresar nada, porque constituiría prueba fehaciente de hallarnos en una especie paraíso terrenal con todos nuestros deseos satisfechos. De manera que incluso el puro atesoramiento de moneda no puede causar el menor perjuicio económico; muy al contrario, beneficia al resto de tenedores de la misma que ven incrementado su poder adquisitivo a expensas del acaparador: incluso aunque todos los tenedores de moneda pudieran retirarla de la circulación con carácter permanente, pues por milagro se vieran libres de necesidad alguna, ello equivaldría a una condonación general de la deuda sobre bienes reales que debería representar la moneda fiduciaria, es decir, una ganancia gratuita para el emisor de la misma. Incluso en ese caso extremo, imposible en la práctica y tan sólo imaginado a efectos dialécticos, la falta de medios de pago no sería ningún problema ya que la creación monetaria es perfectamente lícita –aunque con el inconveniente de no fomentar el ahorro- siempre que se realice estrictamente avalada por bienes y servicios presentes de nueva creación.

Por consiguiente, como el más elemental sentido común sugiere, ni el gasto nos enriquece ni se precisa para mantener la liquidez. Una economía se desarrolla y prospera merced a la producción, no al espejismo del consumo, que sólo sirve para endeudarse, para empantanarse en un círculo vicioso sin salida a la espera de golpes de suerte. La ley de Say deja meridianamente claro que el gasto, el consumo de alguien, no puede suponer el ingreso real de otro, sino a lo sumo un ingreso aparente de meros papelitos; lo que interesa es la producción de bienes y servicios útiles y urgentes, porque se produce para consumir y no a la inversa. En ninguna cabeza medianamente racional puede caber que se deba consumir para producir -como preconizan los descerebrados keynesianos, ese reducto de socialistas vergonzantes tras los enormes “éxitos” de la economía planificada-, esto es poner el carro a tirar del burro. Un absurdo descomunal que considera los penosos esfuerzos y trabajos como deseables fines en sí mismos y ve en la necesidad ajena  el medio de alcanzarlos, como si no pudíéramos trabajar sin más que desearlo. Porque aducir que lo realmente deseado es el dinero que te dan por trabajar y que, para estimular la economía, deben dártelo aunque tus productos o servicios no les interesen, a fin de que tú puedas devolvérselo a cambio de otros productos que tampoco deseas, aumenta el absurdo.

El mero consumo no crea la oferta, porque nadie produce para que otro consuma gratis o entregando a cambio papelitos; lo que crea la oferta de lo que necesitamos es otra oferta por nuestra parte de productos reales igualmente interesantes que intercambiar.

La conclusión no puede ser más clara. Primero, propugnar el gasto indiscriminado con el objetivo de consumir todo lo producido y mantener la actividad es un disparate colosal que nos llevaría, como funesta consecuencia más evidente, a sacrificar cualquier orden de prioridad eficiente en la asignación de recursos escasos, es decir, a la antieconomía total. Segundo, defender aunque sólo fuera un cierto nivel de gasto forzado y planificado no sólo es inútil y carece de sentido en orden a evitar el desempleo, sino por completo contraindicado para un saludable crecimiento económico; supone ignorar absolutamente la génesis de la actual crisis, causada precisamente por un inasumible gasto desmedido fomentado por la expansión crediticia instigada desde instancias políticas, y no comprender que la recesión, el desmantelamiento de las malas inversiones, es condición necesaria para la recuperación. Supone desconocer también algo tan básico como el fundamental papel del ahorro en el desarrollo y la prosperidad. Sólo moderando el consumo y haciendo acopio de recursos, o sea, invirtiendo,  se puede incrementar la productividad futura, pues ni siquiera los más afortunados avances tecnológicos son fruto de la improvisación y el azar, mucho menos del mero consumo por sí mismo.

En este punto conviene refutar la extendido sofisma de que el gasto agregado reduce el desempleo. Es la inflación la que lo hace, y lo hace muy mal. En realidad, el gasto global es un parámetro que la política no puede incrementar en lo más mínimo como no puede aumentar el producto interior bruto de una nación, sólo reducirlo. Es de lógica elemental: si la política no puede hacernos más productivos, salvo inhibiéndose por completo, es decir, si para gastar más es necesario producir más y la política carece de esa capacidad ¿cómo demonios va a incrementar un gasto dependiente de una producción que no puede controlar? La única producción controlable por los políticos es la de billetes, en eso sí que son maestros consumados. Sólo se puede gastar lo que se produce, y cualquier bien o servicio económico es tarde o temprano indefectiblemente consumido sin que sea preciso estimular a nada ni a nadie para que esto suceda o tenga algún interés acelerar el proceso. El dinero que la gente ha conseguido produciendo algo y ahorra exigirá renovadas producciones en algún momento; mientras permanece inactivo, se atesora, aumenta la capacidad de demanda del resto de masa monetaria; si se invierte en un banco o producto financiero, sirve para satisfacer la demanda de bienes de consumo o de producción ajena. Es decir, el gasto siempre será el mismo intervenga el gobierno o no. Da igual que el consumo de las familias desaparezca: ese dinero se destinará a financiar inversión empresarial, o sea, otro tipo de gasto que incrementará la producción futura y creará tanto o más empleo presente. Da igual que los empresarios se nieguen a invertir y a enriquecerse (cosa inaudita, pero no la descartemos), eso favorecerá extraordinariamente el autoempleo y que cualquier idiota pueda convertirse en un empresario de éxito, o sea, otro tipo de gasto financiado a coste cero que demandará nuevas producciones y más empleo. No es necesario estimular las exportaciones ni el gasto público ni el consumo privado ni la inversión empresarial; tranquilos, que si tú no quieres disfrutar de la vida, candidatos a hacerlo por la cara me temo que no han de faltar. Esa inmensa trola keynesiana de que necesitamos aumentar el gasto global para combatir el desempleo cae por su propio peso y es una simple excusa de los políticos para justificar su afición favorita: crear inflación, es decir, incautar nuestro patrimonio, ¡ROBARNOS SUBREPTICIAMENTE!

Cómo la inflación crea empleo es harto evidente: disminuyéndonos a todos los salarios de golpe y porrazo por decreto. Pero para ese viaje no necesitábamos alforjas. Sin embargo la jugada política es genial: nos roban sin que nos demos cuenta, se ponen la medalla y encima les estamos agradecidísimos porque nos dejan trabajar un poquito.

En realidad, los políticos nunca crean empleo. Lo que hacen es obstaculizarlo al máximo, asfixiarlo, y, de vez en cuando, abren la mano para suscitar el aplauso de los borregos, hacernos creer que les necesitamos para resolver los problemas que ellos mismos generan y sacar su pingüe comisioncilla. Así de simple.

La casta política es culpable directa de todo el desempleo. Si mañana desapareciese y sólo imperase la Ley, el principio de proscripción del inicio de la violencia, nadie se encontraría en paro involuntario. Porque cualquiera que desease trabajar no tendría más que ofrecer sus servicios compitiendo con sueldos a la baja y condiciones laborales más flexibles y encontraría ocupación seguro. ¿Cómo alguien puede ser tan torpe de sostener que no hay trabajo para todos? Será trabajo altamente cualificado y productivo capaz de compensar los extraordinarios impuestos, elevadas remuneraciones, servidumbres y riesgos que conlleva; en efecto, ese tipo de trabajo sólo las empresas más capitalizadas y eficientes pueden ofrecerlo, y no abundan; pero la única condición para contratar a un trabajador es que rinda al menos lo que cobra o lo que hipoteca, con lo que es obvio que cualquiera no demasiado exigente podrá incorporarse al mercado por poco talentoso que sea: siempre podrá proporcionar tiempo, el más valioso de los recursos, a otros mejor dotados que él; es una mera cuestión de ventaja comparativa, como descubrió Ricardo.

Desgraciadamente, sindicalistas y políticos impiden a la gente rebajar sus niveles de exigencia, con lo que la condenan al paro. Dicen que es por nuestro propio bien, para que no nos exploten, como si fuéramos imbéciles, como si no pudiéramos decidir en qué condiciones nos conviene trabajar y en cuáles no. “Es que si no, se precariza el empleo, es que nos impondrían unas condiciones abusivas” ¿A punta de qué pistola? ¿Quién establece cuándo las condiciones son justas? Si las partes en un negocio están de acuerdo en cerrar el trato, ése debe ser el precio justo, porque de otro modo tendríamos que obligar a una de los dos a hacer lo que no desea. El único abuso intolerable es la coacción, y para eso existen los códigos penales. Pero cuando se recurre a vagos conceptos como el de “explotación” que eluden cualquier criterio objetivo, simplemente se está negando la Ley, la seguridad jurídica, para despeñarnos por la más atroz arbitrariedad. De este modo, perdida toda referencia imparcial, “explotación” será lo que establezca caprichosamente el comisario político de turno, porque lo que el socialismo, la negación esencial de la Ley, trata de evitar a toda costa es el imperio de normas generales y abstractas que nos juzguen a todos por igual: ¿qué otra cosa es el socialismo más que la sistemática discriminación de un tipo de personas estigmatizadas, condenadas de antemano, en beneficio de otras privilegiadas en nombre de una siempre indefinida “justicia social”, que es justo a lo que se apela cuando se carece de argumentos? En efecto, se apela a la “justicia social” cuando no se puede invocar a la justicia. Cuando no existe ninguna responsabilidad concreta e individual que señalar, siempre cabe alegar que los de tu clase robaron a los de la mía en otros tiempos, y así inconcretos y supuestos agravios pasados justifican muy reales atropellos presentes. Porque eso es el socialismo: la justificación -torpe intelectualmente, pero muy eficaz apelación a lo más bajo y primario, a la envidia- de saqueos y crímenes sistemáticos.

En un mercado libre la coerción y el abuso, precisos conceptos de quirúrgica especificidad jurídica, son imposibles por definición. El socialismo -la política, el afán de violentar a individuos pacíficos, la agresión-, recurre, pues, al fantasma de la “explotación” para justificarse e imponer el desempleo.

¿Qué tal si para acabar ya con la crisis acabamos con la política en general, que la ha causado y nos esclaviza?

viernes, 5 de abril de 2013

SI NO HAY POLÍTICA, ¿QUÉ?

Es habitual que mamandurrieros y políticos profesionales reivindiquen la política – con total imparcialidad, por supuesto, pues es sabido que ellos no tienen ningún interés personal en mangonear y parasitar nada-, amenazando con toda clase de males si ésta desapareciese. La alternativa a la política, nos dicen con esa sonrisilla cínica que les caracteriza, son las dictaduras o el caos violento. Según este típico discurso mafioso, la única alternativa a su violencia serían violencias todavía peores.

Sin embargo, en virtud de un simple análisis de conceptos, la alternativa lógica a la política, a la violencia, es su antítesis, la Ley. En la medida que no haya gobierno, es decir, que nadie imponga con violencia su voluntad e intereses particulares a la gente pacífica, se cumplirá el imperativo categórico, la ley universal autónoma y racional consustancial al ser humano como fin en sí mismo. Por consiguiente, no se precisa más que la mera ausencia de violencia, de gobierno, para que de modo automático rija la más fundamental garantía de paz, libertad y orden espontáneo. Pero hete aquí que los políticos, esa suerte de autoproclamados violentos bondadosos, nos anuncian la paradoja suprema: para impedir la dictadura de los malos, la violencia perversa, es preciso desarrollar una preventiva buena violencia; lo cual, dicho así, no pasaría de ser una grosera petición de principio, una previa e injustificada arrogancia de supuestas cualidades que bendigan actos rechazables per se. Pasemos, pues, a desentrañar qué entienden los políticos por buena violencia.

Sería una violencia aceptable la dirigida al bien común o interés general, desiderátum que cualquier tirano genocida estaría dispuesto a suscribir sin ningún empacho y que en abstracto queda muy bien siempre y cuando no haya obligación de especificar de qué demonios se habla. No obstante, es perfectamente posible definir el interés general sin la menor contradicción. El único interés general que existe es el imperio de normas generales y abstractas que garanticen la libertad individual; o dicho de manera equivalente: el interés general es la erradicación del inicio de la violencia sobre individuos pacíficos.

Ojo, porque hemos llegado al meollo de la cuestión: la política pretende justificarse como el monopolio de la violencia dirigida al interés general, pero siendo el único interés general posible la abolición de la violencia inicial, la contradicción lógica resulta insoluble y repugnante. La mentira queda al descubierto de manera patente y definitiva certificando la muerte de la política.

Quienes confunden el interés general con el particular de un grupo, por fuerte o mayoritario que sea, deberían, en un acto de honestidad y coherencia, condenar la Ley, el principio general de que el individuo está amparado por derechos fundamentales e inalienables, y aplaudir el discrecional inicio de la violencia… contra ellos mismos. Deberían explicar cómo el bien común puede consistir en la permanente amenaza de violación de los derechos de cualquiera, o mejor, en que nadie posea tales derechos básicos e inquebrantables; cómo, en definitiva, es posible alcanzar el bienestar de todos con la desgracia de cada uno.

La obvia alternativa a la política es la Ley y la libertad, el prolífico libre mercado, la cooperación mutuamente beneficiosa, el verdadero bienestar general. También se acabarían los miopes privilegios y las injustas discriminaciones en que tantos se han instalado.


martes, 26 de marzo de 2013

DEMAGOGIA SOCIALISTA

No existe un derecho a la vivienda, por la obvia razón de que, dado que las casas no surgen espontáneamente como si fueran setas, equivaldría al derecho de esclavizar a otros para que las suministren gratuitamente.

Sin embargo, toda la absurda demagogia pergeñada en torno a los desahucios de quienes no afrontan sus deudas parte de esa disparatada premisa (no faltan necios que hablan incluso de conculcación de un derecho fundamental). Y, realmente, quienes, debido a la intolerable intervención política del mercado laboral, sufren grandes dificultades al perder su trabajo para encontrar otro con el que poder responder a sus compromisos tienen sobradas razones para protestar e indignarse, pero no contra sus acreedores, sino contra el gobierno que coarta su libertad y les condena a la miseria merced a la estafa socialdemócrata.

Arremetan estos descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca contra quienes no les dejan ganarse honradamente la vida; contra quienes les impiden encontrar trabajo mediante el simple expediente de competir en el mercado laboral con sueldos a la baja o les imposibilitan con impuestos, legislaciones abusivas y trabas sin fin emprender negocios rentables. Esos son los concretos y notorios responsables de sus penurias, y no los que les instan a cumplir un contrato que firmaron libremente.

Porque el crimen de interferir violentamente en las decisiones pacíficas de la gente impidiendo que se desarrolle y prospere, los crímenes del gobierno y otras organizaciones mafiosas, no pueden ser excusa ni autorizan a cometer otra clase de crímenes como violar los contratos y los compromisos libremente adquiridos.

No puede ser que la tolerancia con una alteración unilateral de las condiciones pactadas nos suma en una atmósfera de desconfianza e inseguridad jurídica. No puede ser que se incentive la insensatez y la imprevisión, mientras se penaliza la cordura y la responsabilidad. No puede ser que se socialicen las pérdidas y errores de particulares, que igual que fueron mayores de edad para suscribir una hipoteca deben serlo para apechar con las consecuencias.

La condonación de las deudas y la dación en pago, aparte de suponer un privilegio y un agravio comparativo con la inmensa mayoría que sí hace honor a sus compromisos, socavaría irremediablemente el Derecho, y aunque no tuviera efecto retroactivo, encarecería y limitaría la concesión de futuras hipotecas al punto de que muy pocos podrían acceder a ellas. Los errores de unos pocos irresponsables los pagaríamos todos.

Y si se ha rescatado a los bancos a costa del contribuyente, muy mal hecho: deberían haber quebrado o ser entregados a sus acreedores. Hay que denunciarlo y combatirlo. Pero las dispensas y los privilegios no pueden ser el camino a seguir, porque, por definición, es imposible conceder momios a todo el mundo; así que eso no constituye un argumento serio: justificar un crimen porque otros proliferan es el lenguaje de la guerra y la sinrazón. Unámonos todos contra cualquier clase de privilegio o desigualdad ante la ley o nunca podremos vivir en paz.

Pero los descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca, abducidos por la criminal ideología socialista (ésa que los ha hundido en la miseria que ahora padecen, ésa que buscando la ciudad del amor fraternal ha traído el infierno a la Tierra) han optado por la socialista vía de la violencia. Y no me refiero al escrache -escandalosa, patente y fatua exhibición de intimidación, pero casi un juego de niños al lado de otro tipo de coacciones más larvadas y categóricas, y por ello mucho más peligrosas-, sino a reclamar implícitamente la destrucción de la supremacía de la ley como escudo contra la arbitrariedad política. Y cuando no impera la ley, lo hace la violencia.

Socialismo es esencialmente agresión y delito. Propugna que justicia es igualdad (¿Igualdad de cargas tributarias, por ejemplo? No, eso no ¿Igualdad entre ladrones y honrados; entre vagos y trabajadores?), cuando claramente es proporción: obtener en función del esfuerzo y el mérito. En consecuencia con los presupuestos básicos socialistas, dado que bajo el imperio de normas generales y abstractas, es decir, permitiendo la libre acción humana pacífica, nunca se conseguirá igualdad de resultados, no sólo es lícito, sino imperativo, violar las leyes para alcanzar esta caprichosa y desincentivadora igualdad a la carta. O sea, que para alcanzar una quimérica igualdad de resultados es preciso negar la igualdad ante la ley, lo que equivale a negar la ley misma.

No es nada extraño, pues, que vivamos inmersos en una espiral delictiva: el poder político, esa maquinaria de privilegiar a unos y discriminar a otros, causa el paro y los ciclos económicos con su criminal intromisión en el mercado, propiciando las burbujas y los errores de inversión. A consecuencia de ello mucha gente pierde el trabajo y no es capaz de encontrar otro… y decide no pagar sus deudas. A un delito se quiere responder con otro, pero nadie pide que impere la ley.


lunes, 25 de marzo de 2013

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS


Circula por ahí un cínico “Manifiesto en defensa de la sanidad pública”, compendio de engaños y demagogia,  que no resiste el menor análisis serio. Véase (párrafos en rojo) con la correspondiente respuesta lógica.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

Una cosa es la financiación pública de la sanidad, que por sí sola garantiza el efecto redistribuidor, esa solidaridad y equidad aludidas, y otra bien distinta la gestión monopolística de la misma a través de empresas ineficientes y dilapidadoras en manos de funcionarios que no deben rendir cuentas ni someterse a los controles objetivos de calidad-precio del mercado. Estos embaucadores confunden torticeramente sanidad pública con una sanidad carísima, lastrada por sus privilegios e incentivos perversos, y exenta de tener que competir en el mercado ofreciendo la mejor calidad a menor coste. La mayor eficiencia y ahorro de la gestión privada sobre la pública es un hecho indiscutible que nadie desconoce, pero aquí se trata sólo de defender con desvergonzado cinismo privilegios e intereses particulares mediante la demagogia y las argucias más miserables mezclando un tema que no guarda ninguna relación, el de la redistribución de la riqueza, fin que podría alcanzarse igualmente con la financiación pública -a través de cheques, por ejemplo- del gasto sanitario, pudiendo elegir cada persona el seguro de sanidad privado que más le satisficiera.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Lo que hay es una crisis económica monumental que ha destapado un gasto público insostenible. Se trata simplemente de evitar el despilfarro.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Esta tendencia internacional hacia el ahorro y la racionalización de la gestión es inevitable porque algo habrá que moderar la fiesta y la tontería. Eso sí, el turismo sanitario que genera la acendrada improvisación española tirando el dinero del contribuyente goza de gran aprecio internacional.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

La capacidad de los ciudadanos para desparasitarse varía bastante, sí.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Las ineficiencias y problemas endémicos del sistema público algo tendrán que ver con contrastables datos objetivos como son los perpetuos privilegios de los funcionarios y los  sueldos y condiciones laborales desligados del mercado y de la productividad. Pero estos sinvergüenzas pretenden que la mala calidad de la atención sanitaria se debe a que ahora se ahorra –algo imperativo por la crisis- demasiado, como si mejorando la eficiencia, cosa que ellos impiden, no se pudiera ahorrar manteniendo o incluso mejorando la calidad. Ahorrar nunca puede causar ineficiencia, sino que es la imposición de una ineficiencia previa por parte de sindicatos y trabajadores lo que obliga a que sólo se pueda ahorrar disminuyendo la calidad del servicio. Con el cinismo del extorsionador, culpan a la tacañería de la víctima de los males que se verán “obligados” a infligirle.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Presentan aquí supuestos datos que demostrarían que un imaginario modelo que nada tiene que ver con una privatización bien entendida (¿aumento de gastos administrativos e incrementos de burocracia?) parece no funcionar, cuando lo que tendrían que explicar con argumentos lógicos es por qué  empresas sometidas al mercado resultarían más ineficientes que otras basadas en costes arbitrarios y el secuestro de la clientela. Pero esto nunca lo harán porque, sencillamente, no pueden.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

Afirmaciones  no sólo gratuitas y contra toda lógica, sino miserablemente demagógicas y mentirosas. Y es que cuando se trata de defender meros privilegios muchos pierden cualquier escrúpulo moral.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Nueva insistencia en el “argumento” del extorsionador: “como no pagas el chantaje, mira lo que pasa”.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Nueva confusión insidiosa entre una financiación pública, que, desgraciadamente, no se ha puesto en cuestión, y una pésima gestión pública, que es lo que se trataría de evitar.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

Ya lo es, canallas. Es vuestro abusivo negocio particular que pretendéis salvaguardar con la mayor indecencia

viernes, 22 de marzo de 2013

CRITICANDO A INTERECONOMÍA

Ayer en la tertulia de Intereconomía “Dando Caña” se soltaron algunas perlas contra la privatización de la sanidad reseñables por sintomáticas del despiste y la ignorancia que nos rodea. Qué no se dirá en otras televisiones más socialistas; es para echarse a temblar. Quede aquí una respuesta lógica a tanta simpleza.

Dijo una tertuliana: “A la gente le cuesta entender que meter cualquier clase de intermediario pueda abaratar la sanidad”

Si un intermediario representara sólo un gasto más, obvio es que nadie recurriría a ellos. Pero un intermediario en un libre mercado es, por definición, un factor libremente contratado para ahorrar algún tipo de coste (dinero, tiempo, trabajo, incompetencia, etc.) por mor de su especialización, eficacia y depurada gestión. Como es natural, a cambio de su participación los intermediarios perciben una comisión, pero este gasto debe ser sobradamente compensado por los que ahorran, ya que de otro modo tales agentes nunca serían contratados.

Cosa distinta, por supuesto, son los intermediarios no solicitados por el mercado e impuestos por el poder político. De ahí viene la ingenua impresión generalizada de que la intermediación supone gastos extra. Sin embargo, si una empresa privada se compromete a gestionar que se facilite el mismo servicio más barato después de incluir sus beneficios, es absurdo objetar lo oneroso de estos últimos.


Otro terció: “Ciertos informes  cuestionan que la privatización suponga alguna clase de ahorro”

Sería sorprendente que una gestión privada sin los típicos lastres asociados al vitalicio empleo público (salarios desvinculados del mercado y la productividad, ausencia de movilidad y adaptabilidad a las circunstancias, mayores posibilidades de fraude, subordinación de resultados a la buena fe del trabajador, etc.) y, sobre todo, sometida a las presiones del mercado para satisfacer a sus clientes ofreciendo la mejor relación calidad-precio no tuviera mejores resultados ni supusiera ningún ahorro frente a una gestión pública de clientela cautiva, sin el menor incentivo serio para no derrochar y ser más eficiente. Sería harto sorprendente, pero no un argumento a favor de lo público. Unas muy cuestionables, y susceptibles de los mayores falseamientos, evidencias empíricas sin una teoría lógica que las explique son por completo inútiles. Alguien debería explicar las razones lógicas y abstractas por las que lo público vendría a ser más eficiente; no sé, tal vez que los trabajadores públicos son más felices y por ello más buenas personas y mejores y más honrados trabajadores, aun rodeados de todos los incentivos para abusar y malgastar. Pero según esta curiosa teoría deberíamos dejar las puertas de casa abiertas, ya que sería nuestra desconfianza lo que incitaría a los ladrones a robarnos.

Luego intervino don Eduardo: “Se maneja reiteradamente el argumento de que la sanidad pública pierde dinero y no hay nadie que diga que un hospital no tiene obligación alguna de ganarlo, faltaría más ¿Es acaso un mercadona? La sanidad es una necesidad pública que hay que cubrir incluso con pérdidas porque el beneficio social que aporta es superior al coste económico”

Si un hospital no tiene obligación de ganar dinero, porque no es un Mercadona, alguien deberá trabajar por amor al arte ¿O eso de “ganar dinero” se refiere exclusivamente a beneficios superiores a los necesarios para que todos los trabajadores e inversores sean compensados? Bueno, entonces al menos tendrá obligación de ganar ese dinero básico. ¡Pero no más! Es decir, no deberá percibir más dinero público que el estrictamente necesario para abonar salarios e intereses financieros de mercado, gastos corrientes de mercado y amortización de inmovilizado a precios de mercado. Sin embargo, es muy obvio que la sanidad pública arrambla del erario, es decir, de nuestro bolsillo muchísimo más que eso. POR CONSIGUIENTE ESTÁ GANANDO UN DINERO QUE NO DEBERÍA, ALGUIEN SE LO ESTÁ LLEVANDO CRUDO, Y NO DEBERÍA.

En cambio, una empresa privada sometida al mercado sólo puede ganar dinero reduciendo costes y aumentando la calidad del servicio. No tiene una clientela cautiva que le paga todas las facturas sean cuales sean. Los beneficios de una empresa privada no son lo que haya expoliado a una clientela cautiva y, por tanto, coaccionada a comprar sus productos le gusten o no, sino lo que haya podido reducir costes a base de mejorar la técnica productiva (capitalizarse) y racionalizar la gestión. De estos beneficios pronto participa la clientela, pues la competencia obliga a reducir precios. Es bien sencillo de entender por torpe que uno sea si se molesta en pensar un poquitín. Por consiguiente, que una empresa privada en régimen de libre concurrencia gane dinero significa que pronto ahorrará dinero a sus clientes. Que lo gane una empresa pública significa que alguien se lo está llevando crudo.

No, don Eduardo, tiene toda la razón: un hospital público no debe ganar dinero, por eso queremos que deje de hacerlo, ya que debido a ello su coste económico es muy superior al beneficio social que aporta

jueves, 21 de marzo de 2013

LA FALACIA DE QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SON UN NEGOCIO

Es muy común la idea de que un servicio público, por ejemplo, la sanidad, ha de ser prestado por sí mismo sin que deba reportar ningún beneficio a nadie. Resulta digno de estudio cómo una afirmación tan evidentemente estúpida es aceptada por la inmensa mayoría sin la más leve sospecha de que algo no encaja.

Para empezar, rediós, algún beneficio para los enfermos deberá suponer la atención sanitaria. Y es que la maldita mentalidad socialdemócrata, enraizada en una idiosincrasia atávica, conduce a semejantes sarcasmos e incongruencias en su inveterada condena del beneficio como origen de todo mal. Pero no conviene confundir la codicia egoísta, tan deletérea para las sociedades tribales donde evolucionamos,  con el mero beneficio. Beneficio es simplemente la motivación que necesitamos para actuar. Actuar para nada es tontería. Sin beneficio no hay acción lógica, pues está conllevaría una irremediable pérdida energética. No tiene sentido obrar para estar peor que antes, por tanto, cualquier actividad humana ha de ser un negocio o no se realizará.

Algo vamos avanzando: los servicios públicos, al menos, han de suponer un beneficio para sus destinatarios. ¿Pero no para quienes los suministran? Me temo que también, pues lo contrario sería propugnar la esclavitud de unas personas para satisfacer a otras. Por ejemplo, el personal sanitario y administrativo de un hospital público tiene derecho a percibir una remuneración a cambio de su trabajo -sí, son reflexiones de Perogrullo, pero veamos cómo tanta perogrullada nos conduce a interesantes conclusiones-. Y quienes aportan el capital necesario, es decir, las infraestructuras y bienes de equipo, ¿acaso no tienen derecho también a un beneficio que les compense el ahorro previo y los usos alternativos que podrían dar a ese dinero?

Una empresa que no genera beneficios contables (que no paga al capitalista) no puede financiarse y, por tanto, no puede existir. Da igual que sea pública o privada, toda empresa precisa costear su financiación. Eso de que las empresas privadas persiguen beneficios que, ceteris paribus, las convierten en más onerosas que las públicas sin ánimo de lucro es una inmensa estupidez, cuando no una malintencionada insidia, porque, para empezar, como se ha analizado, las empresas sin ánimo de lucro son una fantasía inexistente que supondrían desplegar una enorme actividad para acabar peor que al principio. Creo que la lamentable confusión de conceptos viene de que cuando es uno mismo el capitalista que se autofinancia o el autárquico adicto al “hágaselo usted mismo”  alienta la ilusión de no estar pagando abusivos intereses o ahorrándose un dinero al prescindir de intermediarios; craso error: si la tasa de interés es la del mercado, probablemente saldría más a cuenta pagarla que desprenderse de un dinero que podría ser mejor invertido (y qué duda cabe que el dinero en manos de la gente es más rentable que en manos de un burócrata planificador) en empresas más provechosas y que ha costado un esfuerzo y sacrificio ahorrar equivalente a esa tasa de interés no pagada. También debería estar claro que evitar intermediarios, es decir, especialistas en una tarea dada con beneficios limitados por el mercado y tendentes a disminuir, no sólo no es ahorrar, sino malgastar lamentablemente recursos, tiempo y esfuerzo que podrían ser dedicados a actividades más productivas según la ricardiana ley de ventaja comparativa. De manera que para el contribuyente los denostados beneficios empresariales resultarán siempre mucho más asequibles que tener que sufragar los costes financieros, la financiación misma o las ineficacias inherentes a las empresas públicas.

En definitiva, las empresas públicas, como las privadas, o son un negocio para alguien o no son. Otra cosa es que, en el caso de las públicas, sean el negocio coactivo de políticos y burócratas a costa del interés del contribuyente, que podría obtener mejores servicios y más baratos en un sistema de gestión privada, aunque la financiación continuara siendo pública; las privadas, al no poder explotar clientelas cautivas, no originan juegos de suma cero, carecen de la facultad de procurar beneficios a unos pocos perjudicando a la mayoría, pues necesariamente han de crear las mejores aditividades positivas para subsistir o serán barridas del mercado. Pero lo más triste de esta burda y necia excusa esgrimida por los privilegiados parásitos que el atraco público genera –eso de que los servicios públicos no deben ser un negocio- es que trata de justificar la clamorosa ineficiencia y el despilfarro crónico de la gestión pública, para que no se adopte ni una sola medida de racionalización económica que afecte a sus canonjías y prebendas. Nos dicen que los servicios públicos son tan vitales que es necesario prestarlos incluso asumiendo pérdidas (o sea, renunciando a mejores usos alternativos, o siquiera alguno, de unos recursos escasos, lo cual es una sorprendente contradicción en los términos: ¿gasto imprescindible que podría dedicarse a mejores causas?) no sólo por parte de los más ricos y sanos, o simplemente más responsables, lo cual tendría alguna justificación dada la imperante mentalidad redistribuidora, sino también las vinculadas a la gestión pública, cuando es evidente que la privada resulta muchísimo más eficiente al verse sometida a las presiones del mercado para mejorar continuamente la relación calidad-precio y carece de las costosas e incapacitantes servidumbres del privilegiado empleo público.

martes, 19 de marzo de 2013

RÉPLICA A UN ANÁLISIS CRÍTICO ERRÓNEO

Navegando por la red me topo con un fulano, Herodoto, que cree haber desmontado lo fundamental del anarcoliberalismo. Como allí ya no se admiten respuestas, le contesto aquí.



El principal y único postulado anarcoliberal se reduce a que la libertad individual es un valor supremo, o, dicho de otra manera equivalente, al principio de no inicio de la agresión. Lo demás son corolarios.

Por ejemplo, la inalienabilidad de la propiedad privada se deduce de que sin reconocer el derecho a la propiedad sobre nosotros mismos nuestra voluntad carece del menor valor y sólo seríamos un instrumento al servicio de intereses extraños. Después, no tendría el menor sentido reconocer un derecho a la propiedad personal sin el derecho a la propiedad de lo que, para mantener la existencia, producimos, intercambiamos o nos donan libremente.

El postulado de que el Estado no debe existir hay que rechazarlo por vago e impreciso. Es el gobierno el que atenta por definición contra el derecho del individuo a permanecer libre de coacción inicial. Ahí está la contradicción lógica que el crítico no ve y el fundamento de su tercer presupuesto cabalmente entendido –el gobierno no debe existir- en el primero.

Sus definiciones de “libertad” y “propiedad privada” son por completo erróneas y absurdas. Es del derecho de una persona a que no se ejerza una fuerza inicial sobre ella de donde se desprende la inalienabilidad de la propiedad, y no al revés. La libertad es un concepto negativo, única y exclusivamente la ausencia de inicio de coacción, el concepto fundamental. En absoluto tiene que ver con que alguien actúe a su antojo, sino con que nadie le impida realizar lo que por sus propios medios pueda de un modo pacífico, o sea, sin comenzar una agresión sobre otro.

Su análisis del anarcoliberalilsmo es penoso y demuestra que no tiene ni pajolera idea de lo que habla, por lo que su crítica resulta disparatada. No es de ninguna manera necesario restringir ni degradar el concepto de libertad -la ausencia de inicio de coacción- para hacerlo compatible con el respeto a la propiedad privada. Libertad nada tiene que ver con hacer nuestra santa voluntad, al menos los anarcoliberales no nos referimos a eso cuando hablamos de libertad, sino con que nadie inicie la agresión sobre individuos pacíficos; soy libre si, y sólo si, nadie me violenta cuando yo no violento a nadie.

Es su viciado concepto de libertad el origen de toda la confusión y sinsentido que rodea a sus extraviadas reflexiones. Así, siguiendo el ejemplo que propone, ser aceptado o rechazado por nuestra entorno de ninguna manera nos hace más o menos libres; si nadie nos coacciona, seremos totalmente libres aunque nadie quiera relacionarse con nosotros; por el contrario, si pueden obligarnos por poco que sea a hacer lo que no deseamos, seremos esclavos aunque nos vean con mucha simpatía. No es lo mismo que alguien nos niegue su amistad o nos desapruebe, que nos amenace con un palo. De ambas maneras se podrá influir en nuestra conducta, pero la segunda será coactiva e ilícita y la primera no. Usted parece no comprender algo tan esencial y a partir de ahí el error y la confusión están servidos.

Para terminar, se puede constatar que un Estado de Derecho es, por definición, incompatible con cualquier gobierno. En efecto, no puede existir igualdad ante la ley cuando unos individuos, los políticos y jerarcas, están dispensados de acatar normas generales para poder delinquir a discreción, coaccionando y apropiándose de lo que no les pertenece. Sencillamente, gobierno y Estado de Derecho son antitéticos por simple análisis de conceptos ¿Cómo puede la política aspirar al imperio de la ley sin violar sus propias premisas? La incongruencia y la hipocresía es toda suya, siervos del poder.


domingo, 10 de marzo de 2013

POR QUÉ EXISTE DESEMPLEO


Evidentemente, el paro lo causan los políticos interviniendo el mercado laboral. Si la política no impidiera que los trabajadores compitieran entre sí para encontrar empleo con sueldos a la baja (al igual que los empresarios compiten por los empleados con sueldos al alza), nadie, absolutamente nadie, que deseara trabajar estaría desocupado. Algo tan simple y notorio causa estupor que la gran mayoría aún no lo comprenda, pero me temo que si hubiera algún interés político en que dos más dos fueran cinco, la aritmética sería muy diferente.

En efecto, el problema del paro no es más que un descarado caso particular del consabido desajuste provocado por el monopolio y la intervención de precios, o sea, la ausencia de un mercado libre: si no se permite que demandantes y oferentes acuerden sin trabas en qué condiciones pactan, el inevitable resultado será la escasez o el exceso, según se mire. En este caso, resulta curioso cómo la escasez de empleo, responsabilidad directa de la coacción legislativa y sindical inspirada en la criminal ideología socialista imperante, se confunde de manera absurda con la escasez de un, a todas luces, inagotable trabajo y parece ser a ojos de legiones de necios e incautos algo así como una especie de fatídica maldición bíblica o, en el colmo de la estupidez, el resultado de  avances tecnológicos que sustituyen  mano de obra. Convendría recordar al respecto que el trabajo no es un bien en sí mismo, sino una penosa necesidad que alguien tiene que soportar (si no lo haríamos incluso gratis); lo que nos interesa son las cosas que podemos obtener por medio del trabajo, perogrullada esta cuyas implicaciones, sin embargo, han pasado por alto los zoquetes de la izquierda.

Me explicaré mencionando otra obviedad: el trabajo ajeno, lejos de perjudicarnos, origina sinergias sumamente beneficiosas. Nos conviene sin la menor duda que los demás trabajen, aunque sólo fuera por no tener que mantenerlos. ¿Por qué, entonces, interpretamos como una amenaza que otro se ofrezca a realizar nuestro trabajo por menos dinero o incluso gratis? ¿Acaso nos perjudica, parafraseando al gran Bastiat, no tener que pagar por el aire que respiramos, la luz del sol o el resto de dones gratuitos? La disminución de costes laborales, o cualquier otro coste, o sea, el progresivo abaratamiento de bienes hasta su gratuidad, obviamente beneficia al consumidor, es decir, a todos. Se objetará que siempre quedarán bienes costosos para cuya adquisición necesitamos ese dinero que ya no ganamos al perder nuestro trabajo. Dediquémonos entonces sin dilación a la producción de tales bienes, ya que en un mercado libre siempre encontraremos empleo compitiendo con salarios a la baja. Y así sucesivamente. Cada vez que los costes productivos disminuyen, por el motivo que sea, la sociedad en su conjunto se enriquece, es decir, aumenta el poder adquisitivo aunque el nominal salarial, dato irrelevante, se reduzca (desgraciadamente, ya lo evitan los bancos centrales imprimiendo dinero a mansalva). Cuando el proceso avanzara y todo lo que hoy día es gravoso se tornara casi gratis, seríamos inmensamente ricos, sería como vivir en el paraíso con todo a nuestra disposición sin el menor esfuerzo gracias al capitalismo y a la libertad.

En fin, es bastante sencillo explicar lo fácil que sería eliminar el paro con la liberalización absoluta de los mercados y la desaparición de privilegios, pero los políticos nunca van a reconocer que la solución a todos los problemas que ellos mismos causan pasa por su destierro.

Comentaba yo hace un añoen LD, antes de que me censuraran por criticar a alguno de sus colaboradores (como si yo tuviera la culpa de sus deficiencias), algo que complementa lo dicho.

sábado, 9 de marzo de 2013

SOCIALISMO ES LA NEGACIÓN DE LA LEY

Ley en sentido material es una norma general y abstracta. Es decir, una norma igual para todos, sin excepciones, que regula situaciones tipificadas pero inespecíficas de manera que en principio no favorezca ni perjudique a nadie. Una norma dirigida a la consecución de un fin particular y concreto no es ley sino privilegio y discriminación. Y no existen discriminaciones ni privilegios positivos, al igual que no hay robos o asesinatos aceptables: un delito no se compensa cometiendo otro delito, sino castigando al criminal concreto e individual y restableciendo el imperio de la ley, de la norma general y abstracta.

Hasta la mente más simple entiende que sin estricta igualdad ante la ley no se puede hablar de que rija en verdad alguna clase de ley, digna de tal nombre, capaz de acotar la arbitrariedad y el despotismo. Por eso estremece que profesionales de la judicatura, suplantando al poder ejecutivo, se permitan la discrecionalidad de saltarse la generalidad de una pauta (como en el reciente caso Pallerols) en aras de la ejemplaridad o cualquier otro fin: no cabe un ataque más directo (ni tan siquiera avalado por unas urnas) a la idea de Estado de Derecho. Pero constatar que, no sólo de hecho sino por definición, la política es la antítesis de la Ley no debe distraernos de la tesis principal: demostrar que si bien toda política vulnera por vocación la Ley, sólo el socialismo lo tiene por objetivo expreso y consciente.

Se podría definir el socialismo como la planificación y control de la sociedad mediante la coacción sistemática de los individuos que la integran. Supone, por tanto, la negación premeditada de la libertad en interés de determinados fines utópicos, como alcanzar una sociedad homogénea e igualitaria en cuanto a resultados, hacia la que jamás devendrían espontáneamente individuos libres e iguales ante la ley. Pero así como sin ley que impida la agresión no puede existir libertad, sin libertad tampoco tiene sentido ninguna ley genuina. En efecto, la esclavitud comparte con el caos la ausencia de ley como rasgo definitorio: el azar y la obligación caprichosa son esencialmente lo mismo, como ya vislumbró Hume, pura arbitrariedad y falta de patrón o concierto. Sólo los individuos libres pueden atenerse a una ley que limite sus actos a fin de conciliar las distintas libertades; los esclavos se someten a una orden que en vez de restringir sus acciones las dirige hasta el último detalle de modo particular y concreto por oposición a la generalidad y abstracción que definen la ley. Puesto que el socialismo condena la libertad, la igualdad ante la ley, que sin duda malograría sus políticas redistributivas, esa absurda igualdad de resultados, se aboca a la negación implícita de las disposiciones generales y abstractas: sólo los mandatos particulares y concretos sobre individuos y determinados colectivos resultan útiles para encauzar a las sociedades en preconcebidas sendas “correctas”.

El socialismo representa, pues, el imperio del crimen, pero no sólo de manera coyuntural o colateral como empíricamente se constata (más de cien millones de víctimas y la permanente destrucción de la legalidad allá donde se asienta) sino por necesidad esencial. Se trata de un crimen organizado y sistemático, un crimen de Estado, no exento de cierta deontología, que en la medida que es oficial, irrefrenable y previsible resulta asimilado y hasta tolerado, pero de consecuencias mucho más nocivas y perversas que los crímenes comunes, pues a diferencia de estos no es censurado unánimemente como injusto.

lunes, 4 de marzo de 2013

EL DERECHO A DECIDIR

Es obvio que entre iguales no puede existir el derecho a decidir sobre la vida de los demás sin incurrir en manifiesta contradicción. Por el contrario, decidir en exclusiva sobre la propia vida es un derecho inherente a la naturaleza humana sin el que  nociones como “libre albedrío” o “responsabilidad” carecerían de sentido. Puesto que lo característico del poder político es, por definición, la negación de lo privado en alguna medida, es decir, del pleno derecho a decidir sobre los asuntos propios, resulta cuando menos chocante y paradójico la frecuencia con que tal derecho es invocado como aval de legitimidad política. Así, la democracia se prefiere a la dictadura en virtud del derecho a decidir quiénes gobiernan y el nacionalismo separatista apela sin rubor a la libertad como fuente de inspiración y señal de identidad frente a la intransigencia unionista. Pero ¿son genuinas tales cualificaciones? Un somero análisis demuestra que no.

Una democracia, entendida meramente como el gobierno elegido por la mayoría, en modo alguno garantiza mayor libertad individual que una dictadura. Tan totalitario y asfixiante puede llegar a ser un gobierno salido de las urnas como la peor dictadura; incluso más, dada la superior legitimidad percibida de que goza el primero frente a la segunda. Es decir, no cabe ninguna duda de que un gobierno respaldado por una mayoría es sistema mucho más interesente para la casta dirigente que el basado en otro tipo de fuerza menos sutil, ya que se puede arrogar la supuesta y persuasiva conformidad de los gobernados -supuesta en la medida que nadie ha preguntado a esos gobernados si desean serlo-, pero no supone en sí mismo mayor respeto por un real derecho a decidir de las personas: es bien dudoso, o si se quiere, subsidiario y limitado, el derecho a decidir sobre la única cuestión que otros deciden que puedes decidir. La ausencia de esta paupérrima opción en las dictaduras casi habría que valorarla como una mayor honestidad y menor hipocresía por su parte.

De análoga forma, el separatismo nacionalista, lejos de respetar más los derechos individuales que el unionismo político, los socava con mayor violencia, discriminando a las personas en función de criterios, además, absolutamente arbitrarios y falsos, como es el caso del separatismo vasco y catalán. Escamotea el derecho a decidir de la totalidad de ciudadanos sobre asuntos que les conciernen e interesan directamente; conculca con desvergüenza el derecho de propiedad sobre territorios comunes, de libre circulación, comercio y residencia, de uso de una lengua e igualdad ante la ley. ¿Qué derecho a decidir tienen, por ejemplo, para un separatista catalán el resto de los españoles, los catalanes que se sienten españoles o los leridanos que no se sienten catalanes? Ninguno, porque el derecho a decidir que maneja es bien relativo e interesado, y, por tanto, espurio. Y en la medida que un Estado lo es de Derecho, cualquier fragmentación del mismo constituye, por definición, una violación de derechos fundamentales: los Estados de Derecho sólo son ampliables, jamás reducibles sin desvirtuar la esencia del imperio de la ley.

En definitiva, todo poder político pisotea por definición el derecho a decidir del individuo a costa de inventarse sujetos políticos ad hoc que lo esclavizan: el pueblo, la nación, la raza, la clase… Sólo el imperio de la Ley, la ley que prohíbe el inicio de toda agresión, puede garantizar la libertad y con ella el único derecho a decidir real: el de una persona con respecto a sí misma y a su propia vida con independencia de territorios y colectivos.