martes, 26 de marzo de 2013

DEMAGOGIA SOCIALISTA

No existe un derecho a la vivienda, por la obvia razón de que, dado que las casas no surgen espontáneamente como si fueran setas, equivaldría al derecho de esclavizar a otros para que las suministren gratuitamente.

Sin embargo, toda la absurda demagogia pergeñada en torno a los desahucios de quienes no afrontan sus deudas parte de esa disparatada premisa (no faltan necios que hablan incluso de conculcación de un derecho fundamental). Y, realmente, quienes, debido a la intolerable intervención política del mercado laboral, sufren grandes dificultades al perder su trabajo para encontrar otro con el que poder responder a sus compromisos tienen sobradas razones para protestar e indignarse, pero no contra sus acreedores, sino contra el gobierno que coarta su libertad y les condena a la miseria merced a la estafa socialdemócrata.

Arremetan estos descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca contra quienes no les dejan ganarse honradamente la vida; contra quienes les impiden encontrar trabajo mediante el simple expediente de competir en el mercado laboral con sueldos a la baja o les imposibilitan con impuestos, legislaciones abusivas y trabas sin fin emprender negocios rentables. Esos son los concretos y notorios responsables de sus penurias, y no los que les instan a cumplir un contrato que firmaron libremente.

Porque el crimen de interferir violentamente en las decisiones pacíficas de la gente impidiendo que se desarrolle y prospere, los crímenes del gobierno y otras organizaciones mafiosas, no pueden ser excusa ni autorizan a cometer otra clase de crímenes como violar los contratos y los compromisos libremente adquiridos.

No puede ser que la tolerancia con una alteración unilateral de las condiciones pactadas nos suma en una atmósfera de desconfianza e inseguridad jurídica. No puede ser que se incentive la insensatez y la imprevisión, mientras se penaliza la cordura y la responsabilidad. No puede ser que se socialicen las pérdidas y errores de particulares, que igual que fueron mayores de edad para suscribir una hipoteca deben serlo para apechar con las consecuencias.

La condonación de las deudas y la dación en pago, aparte de suponer un privilegio y un agravio comparativo con la inmensa mayoría que sí hace honor a sus compromisos, socavaría irremediablemente el Derecho, y aunque no tuviera efecto retroactivo, encarecería y limitaría la concesión de futuras hipotecas al punto de que muy pocos podrían acceder a ellas. Los errores de unos pocos irresponsables los pagaríamos todos.

Y si se ha rescatado a los bancos a costa del contribuyente, muy mal hecho: deberían haber quebrado o ser entregados a sus acreedores. Hay que denunciarlo y combatirlo. Pero las dispensas y los privilegios no pueden ser el camino a seguir, porque, por definición, es imposible conceder momios a todo el mundo; así que eso no constituye un argumento serio: justificar un crimen porque otros proliferan es el lenguaje de la guerra y la sinrazón. Unámonos todos contra cualquier clase de privilegio o desigualdad ante la ley o nunca podremos vivir en paz.

Pero los descerebrados de las plataformas de afectados por la hipoteca, abducidos por la criminal ideología socialista (ésa que los ha hundido en la miseria que ahora padecen, ésa que buscando la ciudad del amor fraternal ha traído el infierno a la Tierra) han optado por la socialista vía de la violencia. Y no me refiero al escrache -escandalosa, patente y fatua exhibición de intimidación, pero casi un juego de niños al lado de otro tipo de coacciones más larvadas y categóricas, y por ello mucho más peligrosas-, sino a reclamar implícitamente la destrucción de la supremacía de la ley como escudo contra la arbitrariedad política. Y cuando no impera la ley, lo hace la violencia.

Socialismo es esencialmente agresión y delito. Propugna que justicia es igualdad (¿Igualdad de cargas tributarias, por ejemplo? No, eso no ¿Igualdad entre ladrones y honrados; entre vagos y trabajadores?), cuando claramente es proporción: obtener en función del esfuerzo y el mérito. En consecuencia con los presupuestos básicos socialistas, dado que bajo el imperio de normas generales y abstractas, es decir, permitiendo la libre acción humana pacífica, nunca se conseguirá igualdad de resultados, no sólo es lícito, sino imperativo, violar las leyes para alcanzar esta caprichosa y desincentivadora igualdad a la carta. O sea, que para alcanzar una quimérica igualdad de resultados es preciso negar la igualdad ante la ley, lo que equivale a negar la ley misma.

No es nada extraño, pues, que vivamos inmersos en una espiral delictiva: el poder político, esa maquinaria de privilegiar a unos y discriminar a otros, causa el paro y los ciclos económicos con su criminal intromisión en el mercado, propiciando las burbujas y los errores de inversión. A consecuencia de ello mucha gente pierde el trabajo y no es capaz de encontrar otro… y decide no pagar sus deudas. A un delito se quiere responder con otro, pero nadie pide que impere la ley.


lunes, 25 de marzo de 2013

MANIFIESTO EN DEFENSA DE LOS PRIVILEGIOS


Circula por ahí un cínico “Manifiesto en defensa de la sanidad pública”, compendio de engaños y demagogia,  que no resiste el menor análisis serio. Véase (párrafos en rojo) con la correspondiente respuesta lógica.

La Sanidad Pública universal y de calidad ha sido la base fundamental para el desarrollo del Estado del Bienestar y es uno de los pilares para asegurar la solidaridad y la equidad dentro de una sociedad, pues supone el esfuerzo de las personas con más poder económico y más sanas para permitir la atención sanitaria de los que tienen menos y están enfermos.

Una cosa es la financiación pública de la sanidad, que por sí sola garantiza el efecto redistribuidor, esa solidaridad y equidad aludidas, y otra bien distinta la gestión monopolística de la misma a través de empresas ineficientes y dilapidadoras en manos de funcionarios que no deben rendir cuentas ni someterse a los controles objetivos de calidad-precio del mercado. Estos embaucadores confunden torticeramente sanidad pública con una sanidad carísima, lastrada por sus privilegios e incentivos perversos, y exenta de tener que competir en el mercado ofreciendo la mejor calidad a menor coste. La mayor eficiencia y ahorro de la gestión privada sobre la pública es un hecho indiscutible que nadie desconoce, pero aquí se trata sólo de defender con desvergonzado cinismo privilegios e intereses particulares mediante la demagogia y las argucias más miserables mezclando un tema que no guarda ninguna relación, el de la redistribución de la riqueza, fin que podría alcanzarse igualmente con la financiación pública -a través de cheques, por ejemplo- del gasto sanitario, pudiendo elegir cada persona el seguro de sanidad privado que más le satisficiera.

En los últimos años hay una campaña generalizada para desprestigiar y desmantelar los sistemas públicos de salud, coincidiendo con el auge del neoliberalismo, que quiere privatizar los sistemas sanitarios públicos y que busca en ellos una oportunidad de negocio.

Lo que hay es una crisis económica monumental que ha destapado un gasto público insostenible. Se trata simplemente de evitar el despilfarro.

Esta tendencia internacional hacia el desmantelamiento de los sistemas sanitarios públicos afecta a todos los países en mayor o menor medida. En España se observan intentos por avanzar en la privatización de un sistema sanitario que goza de gran aprecio internacional, precisamente por su universalidad, fácil accesibilidad y carácter equitativo.

Esta tendencia internacional hacia el ahorro y la racionalización de la gestión es inevitable porque algo habrá que moderar la fiesta y la tontería. Eso sí, el turismo sanitario que genera la acendrada improvisación española tirando el dinero del contribuyente goza de gran aprecio internacional.

Sin embargo, la privatización no se realiza de la misma manera en todas las CCAA, porque depende, en gran medida, tanto de la voluntad política de los gobiernos autonómicos como de la capacidad de los ciudadanos y de las fuerzas sociales para evitarlo. Son las CCAA gobernadas por el PP donde se han producido ataques más serios contra la Sanidad Pública , como sucede en Madrid o Valencia, por citar solo las más significativas.

La capacidad de los ciudadanos para desparasitarse varía bastante, sí.

En esta campaña privatizadora juega un papel fundamental la estrategia de convencer a la opinión pública de las ineficiencias y problemas de funcionamiento del sistema sanitario público, cuando son los neoconservadores y neoliberales los principales responsables de esta situación mediante la introducción de nuevas formas de gestión empresarial, que con la disculpa de innovar, lo que en realidad buscan es poner por delante el ahorro, olvidando la calidad de la atención sanitaria.

Las ineficiencias y problemas endémicos del sistema público algo tendrán que ver con contrastables datos objetivos como son los perpetuos privilegios de los funcionarios y los  sueldos y condiciones laborales desligados del mercado y de la productividad. Pero estos sinvergüenzas pretenden que la mala calidad de la atención sanitaria se debe a que ahora se ahorra –algo imperativo por la crisis- demasiado, como si mejorando la eficiencia, cosa que ellos impiden, no se pudiera ahorrar manteniendo o incluso mejorando la calidad. Ahorrar nunca puede causar ineficiencia, sino que es la imposición de una ineficiencia previa por parte de sindicatos y trabajadores lo que obliga a que sólo se pueda ahorrar disminuyendo la calidad del servicio. Con el cinismo del extorsionador, culpan a la tacañería de la víctima de los males que se verán “obligados” a infligirle.

Además, la introducción de formulas de gestión empresarial facilita la privatización de los centros, manteniendo la financiación con dinero público y olvidando que estas nuevas formas de gestión son modelos ya ensayados en el Reino Unido, donde han conseguido encarecer la construcción y puesta en marcha de los nuevos hospitales cuatro o cinco veces más que los del modelo tradicional. El funcionamiento de los mismos, con dos empresas distintas coexistiendo en el mismo centro, y el aumento de los gastos administrativos que supone el incremento de la burocracia, ha demostrado deficiencias importantes en cuanto al cuidado de la salud de los pacientes y un encarecimiento de los costes y problemas con la gestión, tal y como ha señalado la Organización Mundial de la Salud.

Presentan aquí supuestos datos que demostrarían que un imaginario modelo que nada tiene que ver con una privatización bien entendida (¿aumento de gastos administrativos e incrementos de burocracia?) parece no funcionar, cuando lo que tendrían que explicar con argumentos lógicos es por qué  empresas sometidas al mercado resultarían más ineficientes que otras basadas en costes arbitrarios y el secuestro de la clientela. Pero esto nunca lo harán porque, sencillamente, no pueden.

Los grandes perdedores de estos cambios que se avecinan serán los ciudadanos, porque la calidad de los servicios sanitarios empeorará, y porque los modelos privatizados tienen unos costes muy superiores. Los ciudadanos se verán obligados a pagar para poder utilizar los centros asistenciales y, a la postre, una parte de la población, la más pobre y la más enferma, se verá excluida de los sistemas sanitario. Recordemos el ejemplo de EEUU, donde 47 millones de personas no tienen derecho a ninguna atención sanitaria a pesar de ser el país del mundo que tiene un mayor gasto sanitario.

Afirmaciones  no sólo gratuitas y contra toda lógica, sino miserablemente demagógicas y mentirosas. Y es que cuando se trata de defender meros privilegios muchos pierden cualquier escrúpulo moral.

La falta de interés político por la Sanidad Pública se concreta en la masificación y en las listas de espera para intervenciones quirúrgicas, para las consultas de los especialistas, las pruebas diagnósticas y, mas recientemente, para los médicos generales y pediatras. Todo ello desde una política de premeditado descrédito de la Sanidad Pública , pues está claro que este es el primer paso para conseguir un apoyo ciudadano a su privatización.

Nueva insistencia en el “argumento” del extorsionador: “como no pagas el chantaje, mira lo que pasa”.

Y se trata solo de los primeros pasos, puesto que hay una estrategia de avanzar de manera lenta y continuada hasta conseguir que el derecho a la protección de la salud deje de ser un derecho de todos los ciudadanos y pase a ser un privilegio para aquellos que puedan pagársela, dejando para los demás un modelo similar a la antigua beneficiencia.

Nueva confusión insidiosa entre una financiación pública, que, desgraciadamente, no se ha puesto en cuestión, y una pésima gestión pública, que es lo que se trataría de evitar.

Todavía estamos a tiempo de salvar un Sistema Sanitario que esta valorado entre los mejores del mundo, por la calidad de sus servicios y sobre todo por su carácter universal, gratuito y solidario. Por eso hacemos un llamamiento a todos los ciudadanos y profesionales de la salud a movilizarnos en su defensa. No podemos permitir que la Sanidad Pública se convierta en un negocio en el que unos pocos se beneficien a costa de la salud de todos.

Ya lo es, canallas. Es vuestro abusivo negocio particular que pretendéis salvaguardar con la mayor indecencia

viernes, 22 de marzo de 2013

CRITICANDO A INTERECONOMÍA

Ayer en la tertulia de Intereconomía “Dando Caña” se soltaron algunas perlas contra la privatización de la sanidad reseñables por sintomáticas del despiste y la ignorancia que nos rodea. Qué no se dirá en otras televisiones más socialistas; es para echarse a temblar. Quede aquí una respuesta lógica a tanta simpleza.

Dijo una tertuliana: “A la gente le cuesta entender que meter cualquier clase de intermediario pueda abaratar la sanidad”

Si un intermediario representara sólo un gasto más, obvio es que nadie recurriría a ellos. Pero un intermediario en un libre mercado es, por definición, un factor libremente contratado para ahorrar algún tipo de coste (dinero, tiempo, trabajo, incompetencia, etc.) por mor de su especialización, eficacia y depurada gestión. Como es natural, a cambio de su participación los intermediarios perciben una comisión, pero este gasto debe ser sobradamente compensado por los que ahorran, ya que de otro modo tales agentes nunca serían contratados.

Cosa distinta, por supuesto, son los intermediarios no solicitados por el mercado e impuestos por el poder político. De ahí viene la ingenua impresión generalizada de que la intermediación supone gastos extra. Sin embargo, si una empresa privada se compromete a gestionar que se facilite el mismo servicio más barato después de incluir sus beneficios, es absurdo objetar lo oneroso de estos últimos.


Otro terció: “Ciertos informes  cuestionan que la privatización suponga alguna clase de ahorro”

Sería sorprendente que una gestión privada sin los típicos lastres asociados al vitalicio empleo público (salarios desvinculados del mercado y la productividad, ausencia de movilidad y adaptabilidad a las circunstancias, mayores posibilidades de fraude, subordinación de resultados a la buena fe del trabajador, etc.) y, sobre todo, sometida a las presiones del mercado para satisfacer a sus clientes ofreciendo la mejor relación calidad-precio no tuviera mejores resultados ni supusiera ningún ahorro frente a una gestión pública de clientela cautiva, sin el menor incentivo serio para no derrochar y ser más eficiente. Sería harto sorprendente, pero no un argumento a favor de lo público. Unas muy cuestionables, y susceptibles de los mayores falseamientos, evidencias empíricas sin una teoría lógica que las explique son por completo inútiles. Alguien debería explicar las razones lógicas y abstractas por las que lo público vendría a ser más eficiente; no sé, tal vez que los trabajadores públicos son más felices y por ello más buenas personas y mejores y más honrados trabajadores, aun rodeados de todos los incentivos para abusar y malgastar. Pero según esta curiosa teoría deberíamos dejar las puertas de casa abiertas, ya que sería nuestra desconfianza lo que incitaría a los ladrones a robarnos.

Luego intervino don Eduardo: “Se maneja reiteradamente el argumento de que la sanidad pública pierde dinero y no hay nadie que diga que un hospital no tiene obligación alguna de ganarlo, faltaría más ¿Es acaso un mercadona? La sanidad es una necesidad pública que hay que cubrir incluso con pérdidas porque el beneficio social que aporta es superior al coste económico”

Si un hospital no tiene obligación de ganar dinero, porque no es un Mercadona, alguien deberá trabajar por amor al arte ¿O eso de “ganar dinero” se refiere exclusivamente a beneficios superiores a los necesarios para que todos los trabajadores e inversores sean compensados? Bueno, entonces al menos tendrá obligación de ganar ese dinero básico. ¡Pero no más! Es decir, no deberá percibir más dinero público que el estrictamente necesario para abonar salarios e intereses financieros de mercado, gastos corrientes de mercado y amortización de inmovilizado a precios de mercado. Sin embargo, es muy obvio que la sanidad pública arrambla del erario, es decir, de nuestro bolsillo muchísimo más que eso. POR CONSIGUIENTE ESTÁ GANANDO UN DINERO QUE NO DEBERÍA, ALGUIEN SE LO ESTÁ LLEVANDO CRUDO, Y NO DEBERÍA.

En cambio, una empresa privada sometida al mercado sólo puede ganar dinero reduciendo costes y aumentando la calidad del servicio. No tiene una clientela cautiva que le paga todas las facturas sean cuales sean. Los beneficios de una empresa privada no son lo que haya expoliado a una clientela cautiva y, por tanto, coaccionada a comprar sus productos le gusten o no, sino lo que haya podido reducir costes a base de mejorar la técnica productiva (capitalizarse) y racionalizar la gestión. De estos beneficios pronto participa la clientela, pues la competencia obliga a reducir precios. Es bien sencillo de entender por torpe que uno sea si se molesta en pensar un poquitín. Por consiguiente, que una empresa privada en régimen de libre concurrencia gane dinero significa que pronto ahorrará dinero a sus clientes. Que lo gane una empresa pública significa que alguien se lo está llevando crudo.

No, don Eduardo, tiene toda la razón: un hospital público no debe ganar dinero, por eso queremos que deje de hacerlo, ya que debido a ello su coste económico es muy superior al beneficio social que aporta

jueves, 21 de marzo de 2013

LA FALACIA DE QUE LOS SERVICIOS PÚBLICOS NO SON UN NEGOCIO

Es muy común la idea de que un servicio público, por ejemplo, la sanidad, ha de ser prestado por sí mismo sin que deba reportar ningún beneficio a nadie. Resulta digno de estudio cómo una afirmación tan evidentemente estúpida es aceptada por la inmensa mayoría sin la más leve sospecha de que algo no encaja.

Para empezar, rediós, algún beneficio para los enfermos deberá suponer la atención sanitaria. Y es que la maldita mentalidad socialdemócrata, enraizada en una idiosincrasia atávica, conduce a semejantes sarcasmos e incongruencias en su inveterada condena del beneficio como origen de todo mal. Pero no conviene confundir la codicia egoísta, tan deletérea para las sociedades tribales donde evolucionamos,  con el mero beneficio. Beneficio es simplemente la motivación que necesitamos para actuar. Actuar para nada es tontería. Sin beneficio no hay acción lógica, pues está conllevaría una irremediable pérdida energética. No tiene sentido obrar para estar peor que antes, por tanto, cualquier actividad humana ha de ser un negocio o no se realizará.

Algo vamos avanzando: los servicios públicos, al menos, han de suponer un beneficio para sus destinatarios. ¿Pero no para quienes los suministran? Me temo que también, pues lo contrario sería propugnar la esclavitud de unas personas para satisfacer a otras. Por ejemplo, el personal sanitario y administrativo de un hospital público tiene derecho a percibir una remuneración a cambio de su trabajo -sí, son reflexiones de Perogrullo, pero veamos cómo tanta perogrullada nos conduce a interesantes conclusiones-. Y quienes aportan el capital necesario, es decir, las infraestructuras y bienes de equipo, ¿acaso no tienen derecho también a un beneficio que les compense el ahorro previo y los usos alternativos que podrían dar a ese dinero?

Una empresa que no genera beneficios contables (que no paga al capitalista) no puede financiarse y, por tanto, no puede existir. Da igual que sea pública o privada, toda empresa precisa costear su financiación. Eso de que las empresas privadas persiguen beneficios que, ceteris paribus, las convierten en más onerosas que las públicas sin ánimo de lucro es una inmensa estupidez, cuando no una malintencionada insidia, porque, para empezar, como se ha analizado, las empresas sin ánimo de lucro son una fantasía inexistente que supondrían desplegar una enorme actividad para acabar peor que al principio. Creo que la lamentable confusión de conceptos viene de que cuando es uno mismo el capitalista que se autofinancia o el autárquico adicto al “hágaselo usted mismo”  alienta la ilusión de no estar pagando abusivos intereses o ahorrándose un dinero al prescindir de intermediarios; craso error: si la tasa de interés es la del mercado, probablemente saldría más a cuenta pagarla que desprenderse de un dinero que podría ser mejor invertido (y qué duda cabe que el dinero en manos de la gente es más rentable que en manos de un burócrata planificador) en empresas más provechosas y que ha costado un esfuerzo y sacrificio ahorrar equivalente a esa tasa de interés no pagada. También debería estar claro que evitar intermediarios, es decir, especialistas en una tarea dada con beneficios limitados por el mercado y tendentes a disminuir, no sólo no es ahorrar, sino malgastar lamentablemente recursos, tiempo y esfuerzo que podrían ser dedicados a actividades más productivas según la ricardiana ley de ventaja comparativa. De manera que para el contribuyente los denostados beneficios empresariales resultarán siempre mucho más asequibles que tener que sufragar los costes financieros, la financiación misma o las ineficacias inherentes a las empresas públicas.

En definitiva, las empresas públicas, como las privadas, o son un negocio para alguien o no son. Otra cosa es que, en el caso de las públicas, sean el negocio coactivo de políticos y burócratas a costa del interés del contribuyente, que podría obtener mejores servicios y más baratos en un sistema de gestión privada, aunque la financiación continuara siendo pública; las privadas, al no poder explotar clientelas cautivas, no originan juegos de suma cero, carecen de la facultad de procurar beneficios a unos pocos perjudicando a la mayoría, pues necesariamente han de crear las mejores aditividades positivas para subsistir o serán barridas del mercado. Pero lo más triste de esta burda y necia excusa esgrimida por los privilegiados parásitos que el atraco público genera –eso de que los servicios públicos no deben ser un negocio- es que trata de justificar la clamorosa ineficiencia y el despilfarro crónico de la gestión pública, para que no se adopte ni una sola medida de racionalización económica que afecte a sus canonjías y prebendas. Nos dicen que los servicios públicos son tan vitales que es necesario prestarlos incluso asumiendo pérdidas (o sea, renunciando a mejores usos alternativos, o siquiera alguno, de unos recursos escasos, lo cual es una sorprendente contradicción en los términos: ¿gasto imprescindible que podría dedicarse a mejores causas?) no sólo por parte de los más ricos y sanos, o simplemente más responsables, lo cual tendría alguna justificación dada la imperante mentalidad redistribuidora, sino también las vinculadas a la gestión pública, cuando es evidente que la privada resulta muchísimo más eficiente al verse sometida a las presiones del mercado para mejorar continuamente la relación calidad-precio y carece de las costosas e incapacitantes servidumbres del privilegiado empleo público.

martes, 19 de marzo de 2013

RÉPLICA A UN ANÁLISIS CRÍTICO ERRÓNEO

Navegando por la red me topo con un fulano, Herodoto, que cree haber desmontado lo fundamental del anarcoliberalismo. Como allí ya no se admiten respuestas, le contesto aquí.



El principal y único postulado anarcoliberal se reduce a que la libertad individual es un valor supremo, o, dicho de otra manera equivalente, al principio de no inicio de la agresión. Lo demás son corolarios.

Por ejemplo, la inalienabilidad de la propiedad privada se deduce de que sin reconocer el derecho a la propiedad sobre nosotros mismos nuestra voluntad carece del menor valor y sólo seríamos un instrumento al servicio de intereses extraños. Después, no tendría el menor sentido reconocer un derecho a la propiedad personal sin el derecho a la propiedad de lo que, para mantener la existencia, producimos, intercambiamos o nos donan libremente.

El postulado de que el Estado no debe existir hay que rechazarlo por vago e impreciso. Es el gobierno el que atenta por definición contra el derecho del individuo a permanecer libre de coacción inicial. Ahí está la contradicción lógica que el crítico no ve y el fundamento de su tercer presupuesto cabalmente entendido –el gobierno no debe existir- en el primero.

Sus definiciones de “libertad” y “propiedad privada” son por completo erróneas y absurdas. Es del derecho de una persona a que no se ejerza una fuerza inicial sobre ella de donde se desprende la inalienabilidad de la propiedad, y no al revés. La libertad es un concepto negativo, única y exclusivamente la ausencia de inicio de coacción, el concepto fundamental. En absoluto tiene que ver con que alguien actúe a su antojo, sino con que nadie le impida realizar lo que por sus propios medios pueda de un modo pacífico, o sea, sin comenzar una agresión sobre otro.

Su análisis del anarcoliberalilsmo es penoso y demuestra que no tiene ni pajolera idea de lo que habla, por lo que su crítica resulta disparatada. No es de ninguna manera necesario restringir ni degradar el concepto de libertad -la ausencia de inicio de coacción- para hacerlo compatible con el respeto a la propiedad privada. Libertad nada tiene que ver con hacer nuestra santa voluntad, al menos los anarcoliberales no nos referimos a eso cuando hablamos de libertad, sino con que nadie inicie la agresión sobre individuos pacíficos; soy libre si, y sólo si, nadie me violenta cuando yo no violento a nadie.

Es su viciado concepto de libertad el origen de toda la confusión y sinsentido que rodea a sus extraviadas reflexiones. Así, siguiendo el ejemplo que propone, ser aceptado o rechazado por nuestra entorno de ninguna manera nos hace más o menos libres; si nadie nos coacciona, seremos totalmente libres aunque nadie quiera relacionarse con nosotros; por el contrario, si pueden obligarnos por poco que sea a hacer lo que no deseamos, seremos esclavos aunque nos vean con mucha simpatía. No es lo mismo que alguien nos niegue su amistad o nos desapruebe, que nos amenace con un palo. De ambas maneras se podrá influir en nuestra conducta, pero la segunda será coactiva e ilícita y la primera no. Usted parece no comprender algo tan esencial y a partir de ahí el error y la confusión están servidos.

Para terminar, se puede constatar que un Estado de Derecho es, por definición, incompatible con cualquier gobierno. En efecto, no puede existir igualdad ante la ley cuando unos individuos, los políticos y jerarcas, están dispensados de acatar normas generales para poder delinquir a discreción, coaccionando y apropiándose de lo que no les pertenece. Sencillamente, gobierno y Estado de Derecho son antitéticos por simple análisis de conceptos ¿Cómo puede la política aspirar al imperio de la ley sin violar sus propias premisas? La incongruencia y la hipocresía es toda suya, siervos del poder.


domingo, 10 de marzo de 2013

POR QUÉ EXISTE DESEMPLEO


Evidentemente, el paro lo causan los políticos interviniendo el mercado laboral. Si la política no impidiera que los trabajadores compitieran entre sí para encontrar empleo con sueldos a la baja (al igual que los empresarios compiten por los empleados con sueldos al alza), nadie, absolutamente nadie, que deseara trabajar estaría desocupado. Algo tan simple y notorio causa estupor que la gran mayoría aún no lo comprenda, pero me temo que si hubiera algún interés político en que dos más dos fueran cinco, la aritmética sería muy diferente.

En efecto, el problema del paro no es más que un descarado caso particular del consabido desajuste provocado por el monopolio y la intervención de precios, o sea, la ausencia de un mercado libre: si no se permite que demandantes y oferentes acuerden sin trabas en qué condiciones pactan, el inevitable resultado será la escasez o el exceso, según se mire. En este caso, resulta curioso cómo la escasez de empleo, responsabilidad directa de la coacción legislativa y sindical inspirada en la criminal ideología socialista imperante, se confunde de manera absurda con la escasez de un, a todas luces, inagotable trabajo y parece ser a ojos de legiones de necios e incautos algo así como una especie de fatídica maldición bíblica o, en el colmo de la estupidez, el resultado de  avances tecnológicos que sustituyen  mano de obra. Convendría recordar al respecto que el trabajo no es un bien en sí mismo, sino una penosa necesidad que alguien tiene que soportar (si no lo haríamos incluso gratis); lo que nos interesa son las cosas que podemos obtener por medio del trabajo, perogrullada esta cuyas implicaciones, sin embargo, han pasado por alto los zoquetes de la izquierda.

Me explicaré mencionando otra obviedad: el trabajo ajeno, lejos de perjudicarnos, origina sinergias sumamente beneficiosas. Nos conviene sin la menor duda que los demás trabajen, aunque sólo fuera por no tener que mantenerlos. ¿Por qué, entonces, interpretamos como una amenaza que otro se ofrezca a realizar nuestro trabajo por menos dinero o incluso gratis? ¿Acaso nos perjudica, parafraseando al gran Bastiat, no tener que pagar por el aire que respiramos, la luz del sol o el resto de dones gratuitos? La disminución de costes laborales, o cualquier otro coste, o sea, el progresivo abaratamiento de bienes hasta su gratuidad, obviamente beneficia al consumidor, es decir, a todos. Se objetará que siempre quedarán bienes costosos para cuya adquisición necesitamos ese dinero que ya no ganamos al perder nuestro trabajo. Dediquémonos entonces sin dilación a la producción de tales bienes, ya que en un mercado libre siempre encontraremos empleo compitiendo con salarios a la baja. Y así sucesivamente. Cada vez que los costes productivos disminuyen, por el motivo que sea, la sociedad en su conjunto se enriquece, es decir, aumenta el poder adquisitivo aunque el nominal salarial, dato irrelevante, se reduzca (desgraciadamente, ya lo evitan los bancos centrales imprimiendo dinero a mansalva). Cuando el proceso avanzara y todo lo que hoy día es gravoso se tornara casi gratis, seríamos inmensamente ricos, sería como vivir en el paraíso con todo a nuestra disposición sin el menor esfuerzo gracias al capitalismo y a la libertad.

En fin, es bastante sencillo explicar lo fácil que sería eliminar el paro con la liberalización absoluta de los mercados y la desaparición de privilegios, pero los políticos nunca van a reconocer que la solución a todos los problemas que ellos mismos causan pasa por su destierro.

Comentaba yo hace un añoen LD, antes de que me censuraran por criticar a alguno de sus colaboradores (como si yo tuviera la culpa de sus deficiencias), algo que complementa lo dicho.

sábado, 9 de marzo de 2013

SOCIALISMO ES LA NEGACIÓN DE LA LEY

Ley en sentido material es una norma general y abstracta. Es decir, una norma igual para todos, sin excepciones, que regula situaciones tipificadas pero inespecíficas de manera que en principio no favorezca ni perjudique a nadie. Una norma dirigida a la consecución de un fin particular y concreto no es ley sino privilegio y discriminación. Y no existen discriminaciones ni privilegios positivos, al igual que no hay robos o asesinatos aceptables: un delito no se compensa cometiendo otro delito, sino castigando al criminal concreto e individual y restableciendo el imperio de la ley, de la norma general y abstracta.

Hasta la mente más simple entiende que sin estricta igualdad ante la ley no se puede hablar de que rija en verdad alguna clase de ley, digna de tal nombre, capaz de acotar la arbitrariedad y el despotismo. Por eso estremece que profesionales de la judicatura, suplantando al poder ejecutivo, se permitan la discrecionalidad de saltarse la generalidad de una pauta (como en el reciente caso Pallerols) en aras de la ejemplaridad o cualquier otro fin: no cabe un ataque más directo (ni tan siquiera avalado por unas urnas) a la idea de Estado de Derecho. Pero constatar que, no sólo de hecho sino por definición, la política es la antítesis de la Ley no debe distraernos de la tesis principal: demostrar que si bien toda política vulnera por vocación la Ley, sólo el socialismo lo tiene por objetivo expreso y consciente.

Se podría definir el socialismo como la planificación y control de la sociedad mediante la coacción sistemática de los individuos que la integran. Supone, por tanto, la negación premeditada de la libertad en interés de determinados fines utópicos, como alcanzar una sociedad homogénea e igualitaria en cuanto a resultados, hacia la que jamás devendrían espontáneamente individuos libres e iguales ante la ley. Pero así como sin ley que impida la agresión no puede existir libertad, sin libertad tampoco tiene sentido ninguna ley genuina. En efecto, la esclavitud comparte con el caos la ausencia de ley como rasgo definitorio: el azar y la obligación caprichosa son esencialmente lo mismo, como ya vislumbró Hume, pura arbitrariedad y falta de patrón o concierto. Sólo los individuos libres pueden atenerse a una ley que limite sus actos a fin de conciliar las distintas libertades; los esclavos se someten a una orden que en vez de restringir sus acciones las dirige hasta el último detalle de modo particular y concreto por oposición a la generalidad y abstracción que definen la ley. Puesto que el socialismo condena la libertad, la igualdad ante la ley, que sin duda malograría sus políticas redistributivas, esa absurda igualdad de resultados, se aboca a la negación implícita de las disposiciones generales y abstractas: sólo los mandatos particulares y concretos sobre individuos y determinados colectivos resultan útiles para encauzar a las sociedades en preconcebidas sendas “correctas”.

El socialismo representa, pues, el imperio del crimen, pero no sólo de manera coyuntural o colateral como empíricamente se constata (más de cien millones de víctimas y la permanente destrucción de la legalidad allá donde se asienta) sino por necesidad esencial. Se trata de un crimen organizado y sistemático, un crimen de Estado, no exento de cierta deontología, que en la medida que es oficial, irrefrenable y previsible resulta asimilado y hasta tolerado, pero de consecuencias mucho más nocivas y perversas que los crímenes comunes, pues a diferencia de estos no es censurado unánimemente como injusto.

lunes, 4 de marzo de 2013

EL DERECHO A DECIDIR

Es obvio que entre iguales no puede existir el derecho a decidir sobre la vida de los demás sin incurrir en manifiesta contradicción. Por el contrario, decidir en exclusiva sobre la propia vida es un derecho inherente a la naturaleza humana sin el que  nociones como “libre albedrío” o “responsabilidad” carecerían de sentido. Puesto que lo característico del poder político es, por definición, la negación de lo privado en alguna medida, es decir, del pleno derecho a decidir sobre los asuntos propios, resulta cuando menos chocante y paradójico la frecuencia con que tal derecho es invocado como aval de legitimidad política. Así, la democracia se prefiere a la dictadura en virtud del derecho a decidir quiénes gobiernan y el nacionalismo separatista apela sin rubor a la libertad como fuente de inspiración y señal de identidad frente a la intransigencia unionista. Pero ¿son genuinas tales cualificaciones? Un somero análisis demuestra que no.

Una democracia, entendida meramente como el gobierno elegido por la mayoría, en modo alguno garantiza mayor libertad individual que una dictadura. Tan totalitario y asfixiante puede llegar a ser un gobierno salido de las urnas como la peor dictadura; incluso más, dada la superior legitimidad percibida de que goza el primero frente a la segunda. Es decir, no cabe ninguna duda de que un gobierno respaldado por una mayoría es sistema mucho más interesente para la casta dirigente que el basado en otro tipo de fuerza menos sutil, ya que se puede arrogar la supuesta y persuasiva conformidad de los gobernados -supuesta en la medida que nadie ha preguntado a esos gobernados si desean serlo-, pero no supone en sí mismo mayor respeto por un real derecho a decidir de las personas: es bien dudoso, o si se quiere, subsidiario y limitado, el derecho a decidir sobre la única cuestión que otros deciden que puedes decidir. La ausencia de esta paupérrima opción en las dictaduras casi habría que valorarla como una mayor honestidad y menor hipocresía por su parte.

De análoga forma, el separatismo nacionalista, lejos de respetar más los derechos individuales que el unionismo político, los socava con mayor violencia, discriminando a las personas en función de criterios, además, absolutamente arbitrarios y falsos, como es el caso del separatismo vasco y catalán. Escamotea el derecho a decidir de la totalidad de ciudadanos sobre asuntos que les conciernen e interesan directamente; conculca con desvergüenza el derecho de propiedad sobre territorios comunes, de libre circulación, comercio y residencia, de uso de una lengua e igualdad ante la ley. ¿Qué derecho a decidir tienen, por ejemplo, para un separatista catalán el resto de los españoles, los catalanes que se sienten españoles o los leridanos que no se sienten catalanes? Ninguno, porque el derecho a decidir que maneja es bien relativo e interesado, y, por tanto, espurio. Y en la medida que un Estado lo es de Derecho, cualquier fragmentación del mismo constituye, por definición, una violación de derechos fundamentales: los Estados de Derecho sólo son ampliables, jamás reducibles sin desvirtuar la esencia del imperio de la ley.

En definitiva, todo poder político pisotea por definición el derecho a decidir del individuo a costa de inventarse sujetos políticos ad hoc que lo esclavizan: el pueblo, la nación, la raza, la clase… Sólo el imperio de la Ley, la ley que prohíbe el inicio de toda agresión, puede garantizar la libertad y con ella el único derecho a decidir real: el de una persona con respecto a sí misma y a su propia vida con independencia de territorios y colectivos.