sábado, 27 de abril de 2013

CARTA ABIERTA A CARLOS FUENTES

Señor director del programa Queremos Opinar:

No es usted consciente, porque le supongo una buena persona, del grave daño que causa su programa. Bajo la apariencia de un debate, se dedica a difundir un único discurso políticamente correcto que al menos  en lo económico nos conduce directamente al abismo. ¿Por qué no intenta usted conformar tertulias algo más equilibradas? ¿Por qué no llama a su acalorado y poco riguroso cenáculo a alguien como Huerta de Soto, Rodríguez Braun o Juan Ramón Rallo, gente que pueda dar la réplica a la habitual propaganda keynesiana con que día a día nos machacan, y no meros comparsas de pacotilla sin espíritu ni facilidad de palabra? Ofrece usted la posibilidad de opinar mediante una llamada telefónica, pero aunque fuera cierto que admite cualquier opinión seria y respetuosa por revolucionaria que sea, en treinta segundos no se puede explicar casi nada más allá de formular una mera adhesión o rechazo, con lo que dicha deferencia se convierte en coartada para ocultar la manipulación y escasa disposición a mantener un debate honesto.

No es complicado refutar las barbaridades que suelen proferir sus colaboradores, pero se requiere algo de tiempo y calma para una adecuada exposición de argumentos frente a las típicas argucias y falacias que esgrimen. Como, por ejemplo, el recurrente disparate de que la austeridad impuesta por Alemania asfixia nuestro crecimiento. Para empezar, Alemania no impone nada, simplemente se niega a envilecer la moneda, es decir, a que se expolie a los abnegados ahorradores y a una indiscriminada bajada de sueldos por decreto. Es cierto que precios y salarios están sobredimensionados y lastran terriblemente nuestro desarrollo económico causando paro y ruina general, es verdad, pero el camino correcto pasa por reconocerlo y permitir que sea el mercado quien los adecue. ¿Es honrada una disminución de sueldos por igual sin diferenciar entre eficientes e ineptos, entre prudentes e insensatos, entre trabajadores y vagos? Algunas remuneraciones habría incluso que aumentarlas, pues deben ser establecidas por pacíficos acuerdos voluntarios mutuamente satisfactorios; porque eso es justamente el mercado, no lo olvide, señor: cuando alguien habla de los malditos y despiadados mercados se refiere a los malditos y despiadados pacíficos acuerdos voluntarios mutuamente satisfactorios.

El único efecto positivo de darle a la máquina de imprimir billetes, el ajuste de precios y salarios a la realidad económica, se logra de manera infinitamente más eficiente y justa permitiendo que sea el mercado quien lo establezca, es decir, liberalizando por completo los mercados, en especial, el laboral (no la acomplejada reformilla timorata que ha perpetrado este gobierno) y aboliendo los privilegios. Es obvio que así desaparecería el desempleo de manera prácticamente inmediata. Por reducción al absurdo: trabajando gratis, ¿no se colocaría de inmediato todo el mundo? Pues no es en absoluto necesario trabajar gratis para colocarse (ni “colocarse” para trabajar gratis), basta con ofrecer un servicio rentable, no exigiendo a cambio más de lo que se aporta o se compromete.

Por consiguiente, ¿cómo alguien honesto puede preferir generar inflación, incautar el patrimonio ajeno honradamente ganado y ahorrado, a liberalizar los mercados? Sólo existe una explicación: la devaluación monetaria es un impuesto brutal, un encubierto saqueo de recursos privados, que alimenta a la casta política y a su insaciable vicio despilfarrador. Sólo se trata de justificar el poder establecido, su sistemático latrocinio y el imparable avance del Estado contra la sociedad civil. El keynesianismo y el monetarismo se reducen a eso, a avalar el intervencionismo político, así hayan de recurrir a los “razonamientos” más peregrinos y absurdos; con notable éxito bajo la égida de los poderosos, que no dudarán en apoyar y financiar programas como el suyo. Pero no voy a ofenderle con mi felicitación, porque quiero creer en su buena fe.

En segundo lugar, la depreciación monetaria evita tener que destapar el inmenso fraude que sustenta a políticos y sindicalistas: la mentira del permanente conflicto de intereses entre la clase trabajadora y la empresarial, supuestamente sólo sobrellevado a duras penas mediante su tutela y arbitraje. El problema de la liberalización de mercados es que pondría de manifiesto con claridad meridiana el mal que supone la injerencia política  y lo poco que necesitamos la coacción de esa casta de mafiosos. A muchísimos se les acabaría el chollo cuando fuera palpable lo perfectamente prescindibles y onerosos que son. Otra razón de peso para seguir engañando a la gente.

En tercer lugar, la inflación sí que transfiere el peso de la crisis, las fatales consecuencias de decisiones irresponsables, no sólo a los más inocentes, sino también más sensatos y eficientes. En efecto, esta es una crisis de deuda y gasto superfluo y desbocado. El ahorro no es la causa, es su antídoto, pero la soflama política tan proclive al populismo, al despojo de la minoría excelente y virtuosa para satisfacción de la mayoría perezosa y hedonista, gusta de premiar a los irresponsables castigando, robando, a los buenos. Ése es el objetivo de toda política, luego no es extraño que sus esbirros aplaudan tales métodos.

Sin embargo, lo peor de los cantos de sirena keynesianos es su empecinada ceguera ante el origen de la crisis que padecemos, es decir, ante el inducido cúmulo de sistemáticos errores de inversión que nos han llevado a malgastar con total insensatez y a tener ahora que despedir a cientos de miles de personas de empresas inviables. Los políticos no sólo han tolerado el fraude de la demencial expansión crediticia, lo han estimulado directa y deliberadamente para financiarse y ganar elecciones; son autores dolosos y pretenden ahora encabezar la manifestación de protesta culpando ora al fantasma de los mercados y a la codicia de no se sabe qué irregulados poderes financieros, ora a un etéreo gasto insuficiente; pamemas absurdas que nadie puede explicar con alguna consistencia o mínimo relato lógico. ¿No se ha dado cuenta de que se limitan a colocar consignas gratuitas y contradictorias, siendo imposible seguir sus razonamientos porque carecen de ilación solvente?

Padecemos una economía mundial hiperintervenida por el poder político. Prueba suficiente de ello es la desaparición del patrón oro y la imposición del dinero fiat, o sea, de curso forzoso. Esto es un hecho innegable. Las distorsiones que la autoridad monetaria causa en la economía creando dinero prácticamente a placer deberían ser evidentes hasta para el más simple: primero, disminuyen los ingresos reales y socavan el ahorro; segundo, al ser medios de pago basados en deuda encubierta que deben ser aceptados sin la contrapartida de un tipo de interés que compense el riesgo asumido, inducen la ilusión de una abundancia y riqueza inexistente, lo cual, unido a los privilegios, licencias y refinanciaciones que el poder político otorga a la banca para cometer fraude expandiendo el crédito a lo loco, provoca que el empresariado emprenda simultáneamente inversiones en diferentes etapas productivas, alejadas y próximas al consumo, incompatibles dada la riqueza real. El resultado inevitable es la acometida de ilusorios negocios que tarde o temprano se frustran originando oleadas de paro y desconfianza generalizada, o sea, la recesión.

Lo anterior es un análisis, resumido y manifiestamente mejorable pero coherente, que explica la realidad. Se basa en premisas innegables y deducción lógica elemental, en simple sentido común. Quien no entienda algo no tiene más que preguntar y sus dudas serán aclaradas. Nada que ver con las consignas primarias, las peticiones de principio y los discursos demagógicos que complacen al poder constituido.

Analicemos ahora la recidiva monserga marxista de los supuestos efectos nocivos del ahorro, de la acumulación de capital, sobre la producción. Según esto los proletarios no reciben bastantes rentas para garantizar una demanda efectiva suficiente y las fábricas se ven abocadas al cierre. Es el colapso del capitalismo que nunca se ha producido. El “razonamiento” no puede ser más simple ni más equivocado, como se demuestra por elemental reducción al absurdo: supongamos que los obreros sean esclavos. Incluso en este caso límite, si los trabajadores no pueden consumir, sí podrán hacerlo en su lugar sus amos; y si alguno de estos es un filántropo austero que se niega a consumir, mejorará el poder adquisitivo de los restantes. El consumo es una consecuencia inevitable de la producción por la sencilla razón de que las necesidades y deseos humanos carecen de límite. Cualquier cosa que tenga valor económico será deseada por definición y, por tanto, consumida en cuanto disminuya su precio lo suficiente. Pero tal deflación lejos de ser algo perjudicial constituye una gran mejora; si es generalizada gracias a que los austeros filántropos aumentan, las fábricas, lejos de verse obligadas al cierre, multiplicarán su producción, pues la austeridad incrementará los salarios reales, el poder adquisitivo en general, es decir, mantendrá la demanda, además de capitalizar las empresas abaratando aún más los productos en el futuro. Es el fabuloso círculo virtuoso del capitalismo. Si la bajada de precios afecta sólo a un producto o sector será señal de que es preciso clausurar esa actividad para dedicar los escasos recursos a menesteres más urgentes o útiles. Así funciona el mecanismo de los precios, uno de los procesamientos de información más eficaces que existe. En un mercado libre, los trabajadores despedidos no tienen nada que temer pues automáticamente encuentran trabajo compitiendo en libertad con el resto, pues el trabajo es, como el sentido común indica, lo más abundante del mundo. Este tipo de cierres empresariales son mejoras del sistema productivo pues libera trabajadores de actividades superfluas en aras de otras más provechosas.

Como queda demostrado, lo que menos necesitamos es que la Merkel nos permita envilecer un euro que a estos efectos se comporta como una especie de patrón oro limitador de los fraudes. Y no lo permite porque equivaldría a dejarse robar impunemente. Si Europa fuera un Estado, el poder político esclavizaría a los eficientes y trabajadores alemanes, salvo que amenazaran con la independencia, en beneficio de la incompetencia y el despilfarro mayoritario. Afortunadamente, no lo es y no se puede imponer ese tipo de políticas demenciales que nos perjudican a todos aunque tácticamente pueda parecer que nos benefician. Ni mucho menos esto es una apología del nacionalismo, un tipo de socialismo de los más peligrosos, sino de la libertad individual y del respeto a la propiedad privada, pero eso ya es otro tema.

Hay otras formas de explicar la realidad, y si es usted honesto y tanto aprecia el debate y la opinión constructiva, debería darles cabida en su programa. Espero que en el futuro lo haga.

miércoles, 24 de abril de 2013

¡ACABAD YA CON ESTA CRISIS!

Un tal Krugman tiene publicado un librejo (¡Acabad ya con esta crisis!) que porfía en las absurdas recetas keynesianas para superar la crisis económica. Se  trata de un contumaz compendio de tópicos bien representativo de la necedad que suele presidir las cogitaciones de no pocos en esta materia y a la que conviene dar conveniente respuesta cada vez que aparece, pues las mentiras aspiran a convertirse en verdad a fuerza de repetirse.

El fulano no se corta un pelo y desde el principio parece reírse del mundo entero con la mayor desvergüenza. Se diría que desafía la lógica y la prudencia con la chulería de quien se cree en posesión de argucias suficientes para pastorear a legiones de borregos.

Sin embargo, es muy fácil desmontar sus burdas falacias a poco que se aplique el sentido común. Básicamente, pretende que todo el problema económico se deriva del gasto insuficiente. “Tu gasto es mi ingreso”, insiste con saña, incitándonos, si no  a adquirir alocadamente todo lo que se produce aunque no nos interese o proyectemos un mejor destino a nuestros escasos recursos, sí a ahorrar lo menos posible, ya que si nadie gasta, nadie ingresa, nos amenaza… y si gastamos devaluados millones ingresaremos devaluados millones, pero seguiremos igual de pobres. En otras palabras, este trilero pretende hacernos creer que duplicando la masa monetaria seremos el doble de ricos aunque la producción sea idéntica; pero hasta el más simple comprende sin mucho esfuerzo que la riqueza es por completo independiente del circulante: si éste se reduce a la mitad, el poder adquisitivo se duplicará; si se dobla, la unidad monetaria tendrá la mitad de capacidad de compra; y esto es así porque ambos factores son inversamente proporcionales y su producto debe permanecer constante e igual a la inalterada riqueza total. Lo que parece habernos despistado es la terrorífica sentencia de que si nadie gasta, nadie ingresa, ¡horror!; sin embargo, meditando un poco caeremos en la cuenta de que tal situación lejos de ser calamitosa resultaría una bendición: si pudiéramos vivir sin gastar o no nos conviniera no tendríamos la menor necesidad de ingresar nada, porque constituiría prueba fehaciente de hallarnos en una especie paraíso terrenal con todos nuestros deseos satisfechos. De manera que incluso el puro atesoramiento de moneda no puede causar el menor perjuicio económico; muy al contrario, beneficia al resto de tenedores de la misma que ven incrementado su poder adquisitivo a expensas del acaparador: incluso aunque todos los tenedores de moneda pudieran retirarla de la circulación con carácter permanente, pues por milagro se vieran libres de necesidad alguna, ello equivaldría a una condonación general de la deuda sobre bienes reales que debería representar la moneda fiduciaria, es decir, una ganancia gratuita para el emisor de la misma. Incluso en ese caso extremo, imposible en la práctica y tan sólo imaginado a efectos dialécticos, la falta de medios de pago no sería ningún problema ya que la creación monetaria es perfectamente lícita –aunque con el inconveniente de no fomentar el ahorro- siempre que se realice estrictamente avalada por bienes y servicios presentes de nueva creación.

Por consiguiente, como el más elemental sentido común sugiere, ni el gasto nos enriquece ni se precisa para mantener la liquidez. Una economía se desarrolla y prospera merced a la producción, no al espejismo del consumo, que sólo sirve para endeudarse, para empantanarse en un círculo vicioso sin salida a la espera de golpes de suerte. La ley de Say deja meridianamente claro que el gasto, el consumo de alguien, no puede suponer el ingreso real de otro, sino a lo sumo un ingreso aparente de meros papelitos; lo que interesa es la producción de bienes y servicios útiles y urgentes, porque se produce para consumir y no a la inversa. En ninguna cabeza medianamente racional puede caber que se deba consumir para producir -como preconizan los descerebrados keynesianos, ese reducto de socialistas vergonzantes tras los enormes “éxitos” de la economía planificada-, esto es poner el carro a tirar del burro. Un absurdo descomunal que considera los penosos esfuerzos y trabajos como deseables fines en sí mismos y ve en la necesidad ajena  el medio de alcanzarlos, como si no pudíéramos trabajar sin más que desearlo. Porque aducir que lo realmente deseado es el dinero que te dan por trabajar y que, para estimular la economía, deben dártelo aunque tus productos o servicios no les interesen, a fin de que tú puedas devolvérselo a cambio de otros productos que tampoco deseas, aumenta el absurdo.

El mero consumo no crea la oferta, porque nadie produce para que otro consuma gratis o entregando a cambio papelitos; lo que crea la oferta de lo que necesitamos es otra oferta por nuestra parte de productos reales igualmente interesantes que intercambiar.

La conclusión no puede ser más clara. Primero, propugnar el gasto indiscriminado con el objetivo de consumir todo lo producido y mantener la actividad es un disparate colosal que nos llevaría, como funesta consecuencia más evidente, a sacrificar cualquier orden de prioridad eficiente en la asignación de recursos escasos, es decir, a la antieconomía total. Segundo, defender aunque sólo fuera un cierto nivel de gasto forzado y planificado no sólo es inútil y carece de sentido en orden a evitar el desempleo, sino por completo contraindicado para un saludable crecimiento económico; supone ignorar absolutamente la génesis de la actual crisis, causada precisamente por un inasumible gasto desmedido fomentado por la expansión crediticia instigada desde instancias políticas, y no comprender que la recesión, el desmantelamiento de las malas inversiones, es condición necesaria para la recuperación. Supone desconocer también algo tan básico como el fundamental papel del ahorro en el desarrollo y la prosperidad. Sólo moderando el consumo y haciendo acopio de recursos, o sea, invirtiendo,  se puede incrementar la productividad futura, pues ni siquiera los más afortunados avances tecnológicos son fruto de la improvisación y el azar, mucho menos del mero consumo por sí mismo.

En este punto conviene refutar la extendido sofisma de que el gasto agregado reduce el desempleo. Es la inflación la que lo hace, y lo hace muy mal. En realidad, el gasto global es un parámetro que la política no puede incrementar en lo más mínimo como no puede aumentar el producto interior bruto de una nación, sólo reducirlo. Es de lógica elemental: si la política no puede hacernos más productivos, salvo inhibiéndose por completo, es decir, si para gastar más es necesario producir más y la política carece de esa capacidad ¿cómo demonios va a incrementar un gasto dependiente de una producción que no puede controlar? La única producción controlable por los políticos es la de billetes, en eso sí que son maestros consumados. Sólo se puede gastar lo que se produce, y cualquier bien o servicio económico es tarde o temprano indefectiblemente consumido sin que sea preciso estimular a nada ni a nadie para que esto suceda o tenga algún interés acelerar el proceso. El dinero que la gente ha conseguido produciendo algo y ahorra exigirá renovadas producciones en algún momento; mientras permanece inactivo, se atesora, aumenta la capacidad de demanda del resto de masa monetaria; si se invierte en un banco o producto financiero, sirve para satisfacer la demanda de bienes de consumo o de producción ajena. Es decir, el gasto siempre será el mismo intervenga el gobierno o no. Da igual que el consumo de las familias desaparezca: ese dinero se destinará a financiar inversión empresarial, o sea, otro tipo de gasto que incrementará la producción futura y creará tanto o más empleo presente. Da igual que los empresarios se nieguen a invertir y a enriquecerse (cosa inaudita, pero no la descartemos), eso favorecerá extraordinariamente el autoempleo y que cualquier idiota pueda convertirse en un empresario de éxito, o sea, otro tipo de gasto financiado a coste cero que demandará nuevas producciones y más empleo. No es necesario estimular las exportaciones ni el gasto público ni el consumo privado ni la inversión empresarial; tranquilos, que si tú no quieres disfrutar de la vida, candidatos a hacerlo por la cara me temo que no han de faltar. Esa inmensa trola keynesiana de que necesitamos aumentar el gasto global para combatir el desempleo cae por su propio peso y es una simple excusa de los políticos para justificar su afición favorita: crear inflación, es decir, incautar nuestro patrimonio, ¡ROBARNOS SUBREPTICIAMENTE!

Cómo la inflación crea empleo es harto evidente: disminuyéndonos a todos los salarios de golpe y porrazo por decreto. Pero para ese viaje no necesitábamos alforjas. Sin embargo la jugada política es genial: nos roban sin que nos demos cuenta, se ponen la medalla y encima les estamos agradecidísimos porque nos dejan trabajar un poquito.

En realidad, los políticos nunca crean empleo. Lo que hacen es obstaculizarlo al máximo, asfixiarlo, y, de vez en cuando, abren la mano para suscitar el aplauso de los borregos, hacernos creer que les necesitamos para resolver los problemas que ellos mismos generan y sacar su pingüe comisioncilla. Así de simple.

La casta política es culpable directa de todo el desempleo. Si mañana desapareciese y sólo imperase la Ley, el principio de proscripción del inicio de la violencia, nadie se encontraría en paro involuntario. Porque cualquiera que desease trabajar no tendría más que ofrecer sus servicios compitiendo con sueldos a la baja y condiciones laborales más flexibles y encontraría ocupación seguro. ¿Cómo alguien puede ser tan torpe de sostener que no hay trabajo para todos? Será trabajo altamente cualificado y productivo capaz de compensar los extraordinarios impuestos, elevadas remuneraciones, servidumbres y riesgos que conlleva; en efecto, ese tipo de trabajo sólo las empresas más capitalizadas y eficientes pueden ofrecerlo, y no abundan; pero la única condición para contratar a un trabajador es que rinda al menos lo que cobra o lo que hipoteca, con lo que es obvio que cualquiera no demasiado exigente podrá incorporarse al mercado por poco talentoso que sea: siempre podrá proporcionar tiempo, el más valioso de los recursos, a otros mejor dotados que él; es una mera cuestión de ventaja comparativa, como descubrió Ricardo.

Desgraciadamente, sindicalistas y políticos impiden a la gente rebajar sus niveles de exigencia, con lo que la condenan al paro. Dicen que es por nuestro propio bien, para que no nos exploten, como si fuéramos imbéciles, como si no pudiéramos decidir en qué condiciones nos conviene trabajar y en cuáles no. “Es que si no, se precariza el empleo, es que nos impondrían unas condiciones abusivas” ¿A punta de qué pistola? ¿Quién establece cuándo las condiciones son justas? Si las partes en un negocio están de acuerdo en cerrar el trato, ése debe ser el precio justo, porque de otro modo tendríamos que obligar a una de los dos a hacer lo que no desea. El único abuso intolerable es la coacción, y para eso existen los códigos penales. Pero cuando se recurre a vagos conceptos como el de “explotación” que eluden cualquier criterio objetivo, simplemente se está negando la Ley, la seguridad jurídica, para despeñarnos por la más atroz arbitrariedad. De este modo, perdida toda referencia imparcial, “explotación” será lo que establezca caprichosamente el comisario político de turno, porque lo que el socialismo, la negación esencial de la Ley, trata de evitar a toda costa es el imperio de normas generales y abstractas que nos juzguen a todos por igual: ¿qué otra cosa es el socialismo más que la sistemática discriminación de un tipo de personas estigmatizadas, condenadas de antemano, en beneficio de otras privilegiadas en nombre de una siempre indefinida “justicia social”, que es justo a lo que se apela cuando se carece de argumentos? En efecto, se apela a la “justicia social” cuando no se puede invocar a la justicia. Cuando no existe ninguna responsabilidad concreta e individual que señalar, siempre cabe alegar que los de tu clase robaron a los de la mía en otros tiempos, y así inconcretos y supuestos agravios pasados justifican muy reales atropellos presentes. Porque eso es el socialismo: la justificación -torpe intelectualmente, pero muy eficaz apelación a lo más bajo y primario, a la envidia- de saqueos y crímenes sistemáticos.

En un mercado libre la coerción y el abuso, precisos conceptos de quirúrgica especificidad jurídica, son imposibles por definición. El socialismo -la política, el afán de violentar a individuos pacíficos, la agresión-, recurre, pues, al fantasma de la “explotación” para justificarse e imponer el desempleo.

¿Qué tal si para acabar ya con la crisis acabamos con la política en general, que la ha causado y nos esclaviza?

viernes, 5 de abril de 2013

SI NO HAY POLÍTICA, ¿QUÉ?

Es habitual que mamandurrieros y políticos profesionales reivindiquen la política – con total imparcialidad, por supuesto, pues es sabido que ellos no tienen ningún interés personal en mangonear y parasitar nada-, amenazando con toda clase de males si ésta desapareciese. La alternativa a la política, nos dicen con esa sonrisilla cínica que les caracteriza, son las dictaduras o el caos violento. Según este típico discurso mafioso, la única alternativa a su violencia serían violencias todavía peores.

Sin embargo, en virtud de un simple análisis de conceptos, la alternativa lógica a la política, a la violencia, es su antítesis, la Ley. En la medida que no haya gobierno, es decir, que nadie imponga con violencia su voluntad e intereses particulares a la gente pacífica, se cumplirá el imperativo categórico, la ley universal autónoma y racional consustancial al ser humano como fin en sí mismo. Por consiguiente, no se precisa más que la mera ausencia de violencia, de gobierno, para que de modo automático rija la más fundamental garantía de paz, libertad y orden espontáneo. Pero hete aquí que los políticos, esa suerte de autoproclamados violentos bondadosos, nos anuncian la paradoja suprema: para impedir la dictadura de los malos, la violencia perversa, es preciso desarrollar una preventiva buena violencia; lo cual, dicho así, no pasaría de ser una grosera petición de principio, una previa e injustificada arrogancia de supuestas cualidades que bendigan actos rechazables per se. Pasemos, pues, a desentrañar qué entienden los políticos por buena violencia.

Sería una violencia aceptable la dirigida al bien común o interés general, desiderátum que cualquier tirano genocida estaría dispuesto a suscribir sin ningún empacho y que en abstracto queda muy bien siempre y cuando no haya obligación de especificar de qué demonios se habla. No obstante, es perfectamente posible definir el interés general sin la menor contradicción. El único interés general que existe es el imperio de normas generales y abstractas que garanticen la libertad individual; o dicho de manera equivalente: el interés general es la erradicación del inicio de la violencia sobre individuos pacíficos.

Ojo, porque hemos llegado al meollo de la cuestión: la política pretende justificarse como el monopolio de la violencia dirigida al interés general, pero siendo el único interés general posible la abolición de la violencia inicial, la contradicción lógica resulta insoluble y repugnante. La mentira queda al descubierto de manera patente y definitiva certificando la muerte de la política.

Quienes confunden el interés general con el particular de un grupo, por fuerte o mayoritario que sea, deberían, en un acto de honestidad y coherencia, condenar la Ley, el principio general de que el individuo está amparado por derechos fundamentales e inalienables, y aplaudir el discrecional inicio de la violencia… contra ellos mismos. Deberían explicar cómo el bien común puede consistir en la permanente amenaza de violación de los derechos de cualquiera, o mejor, en que nadie posea tales derechos básicos e inquebrantables; cómo, en definitiva, es posible alcanzar el bienestar de todos con la desgracia de cada uno.

La obvia alternativa a la política es la Ley y la libertad, el prolífico libre mercado, la cooperación mutuamente beneficiosa, el verdadero bienestar general. También se acabarían los miopes privilegios y las injustas discriminaciones en que tantos se han instalado.