miércoles, 19 de junio de 2013

LA PAMEMA DE LOS PERVERSOS PODERES ECONÓMICOS

La condena del poder financiero, bajo la acusación de carecer de aval democrático, como inaceptable condicionante, cuando no despótico constrictor, del legítimo poder político es habitual en la retórica políticamente correcta. Semejante absurda proposición y generalizada aceptación acrítica de la misma constituye buena muestra de la confusión de conceptos y recalcitrante necedad que domina el panorama, como a continuación se demostrará.

A bote pronto, ya deberíamos percatarnos de que se trata de equiparar y confrontar “poderes” de radical diferente naturaleza caracterizados, por definición, uno, el económico, por el acuerdo voluntario y el respeto a la norma general y abstracta, y el otro, el ejecutivo, por la coacción sistemática y la arbitrariedad. La capacidad económica no puede per se representar amenaza alguna y el hecho de que con ella se puedan comprar voluntades políticas no hace sino confirmar la peligrosidad de un poder político susceptible de someterse a los más prosaicos intereses aunque se disfracen de los nobles ideales que pavimentan el infierno. Es decir, la potestad de hacer el mal, de esclavizar, de extorsionar, de discriminar, deviene exclusivamente de la política y sólo en la medida que el poder económico puede convertirse en político llega éste a suponer un riesgo, pero sin la presunta legitimidad de agredir y coaccionar que presupone la política, el dinero carecería de toda capacidad corruptora, puesto que no habría nada que corromper.

Un billete no es arma que pueda oponerse a una pistola, y replicar que éstas se pueden comprar confirma que el mal radica en ellas, no en el dinero. Es un disparate colosal y una contradicción en los términos referirse a un metafórico poder de los mercados o de los mercaderes enfrentado a un poder real, el político, al que se encuentra por completo subordinado. Cierto que de donde no hay no se puede sacar, cierto que ante una economía depauperada no hay voluntad política que valga, pero ni financieros ni hombres de negocio tienen la facultad por sí mismos de intervenir el sistema económico, competencia exclusiva, por definición, de la política. Prueba evidente de lo impropio y artificioso de argüir supuestos poderes económicos es que no se precisa de ninguna rebelión violenta contra ellos, bastando un simple decreto de expropiación para enervarlos.

Sin embargo, cuanto más socialista más le viene como anillo al dedo a la casta política esgrimir el fantasma de  pretendidas imposiciones del capital que la exoneren de los desastres y frustraciones que sus mangoneos han originado, a la vez que justifique renovadas intervenciones y dependencias. No hay como inventarse un cabeza de turco al que culpar de la propias responsabilidad e incapacidad para desviar la atención.

Ningún abuso ha podido cometer la banca, o sea, ninguna violación de los principios generales del derecho, que no fuera auspiciado directamente por el poder político. El único beneficio empresarial ilegítimo e impune es el arramblado a la sombra de privilegios y monopolios gubernamentales, ya que cualquier otro tipo de fraude en tanto que ilegal es una mera cuestión de código penal ordinario. El llamado poder económico carece de la capacidad de ejercer la mínima violencia sobre los ciudadanos si no cuenta con la aprobación del poder político, el único poder real ¿Qué cuento es ése de bienintencionados políticos impotentes ante la perversidad de voraces financieros o, dibujado de manera aún más imprecisa y falaz, bajo la dictadura de los mercados? Con más sólidos argumentos cabría hablar de poderes éticos, intelectuales, culturales o religiosos como contrapeso al poder político obviando que carecen de la mínima capacidad ejecutiva. No distinguir la mera influencia o ascendiente de la pura  coerción está en la raíz del engaño y la confusión, porque aun siendo el poder de la ley, de la justicia y de la razón muy superior en el largo plazo  al de la fuerza y la violencia, no son en absoluto equiparables ni confrontables. Se trata de la clásica distinción entre ‘auctoritas’ (autoridad) y ‘potestas’ (potestad)

Y llegamos al meollo del asunto. La ‘auctoritas’ económica se cimienta en la propiedad privada; en el dominio sobre uno mismo, sobre las propias creaciones o lo que libremente se ha intercambiado y en el recíproco respeto a la propiedad ajena. La ‘potestas’ política faculta para coaccionar a los demás y usurpar sus propiedades. El llamado ‘poder económico` no es otra cosa que el poder moral que censura el robo y la violencia. El poder de los mercados es simplemente el derecho a no ser expoliados por cualquier gobierno que necesite financiación; como este derecho fundamental coarta y limita la ejecutoria política no faltan cínicos prestos a concluir que un poder no elegido por el pueblo dirige la política: en efecto, el Estado de Derecho, el marco que garantiza la convivencia pacífica entre iguales, debería ser barrera infranqueable para la coacción política. Nunca lo ha sido, de hecho, hasta la llegada de la globalización.

Antes de la liberalización mundial de mercados y capitales nadie hablaba de tales poderes fácticos. Sencillamente, cada gobierno robaba a sus súbditos –con toda clase de impuestos y devaluaciones monetarias- cuando lo consideraba menester, y punto. Con el fenómeno de la globalización el acendrado vicio confiscatorio se tornó más arduo y complicado dadas las nuevas vías de escape, y comenzó a fraguarse el mito del poder económico contrapuesto al político. La actual crisis de endeudamiento masivo en la zona euro resulta paradigmática al respecto. El político banco central instigó una expansión crediticia fraudulenta causante de toda clase de despilfarros y nefastos errores de inversión. Como es natural, el desastre no ha sido homogéneo: además de las habituales diferencias de gestión entre los agentes en función de su prudencia y eficacia, en Europa conviven muy distintas legislaciones y políticas fiscales que han modulado la ruina. En semejante tesitura, cabe una opción: tomar el camino correcto de desendeudarse con austeridad y ahorro, aumentando la productividad mediante la liberalización de los mercados y la disminución del gasto público, o continuar la borrachera y socializar las pérdidas, robando y engañando a la gente, a fin de mantener el statu quo de iniquidad y privilegio. Aquí surge el problema para la delictiva socialdemocracia, porque la vía política, la insidiosa y ladrona devolución monetaria, sólo es factible bajo un gobierno único: Japón, UK y USA pueden hacerlo porque pueden robar impunemente a sus clases más laboriosas y eficientes, pero en la Europa del euro es imposible sacrificar la eficiencia del norte en beneficio de la irresponsabilidad meridional.

La política muere de realidad, porque tarde o temprano los discriminados y oprimidos se rebelan en una espiral de conflictos y guerras sin fin. No son las desigualdades económicas derivadas del propio esfuerzo y de acuerdos voluntarios –la riqueza del trabajador no perjudica al vago- las que engendran injusticia y privilegio, sino las desigualdades políticas que permiten vivir a unos a costa de otros. La desigualdad política, la desigualdad ante la ley, la violencia que obliga a obedecer mandatos arbitrarios, es el único cáncer de la humanidad y como tal debe ser combatida.

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