jueves, 19 de septiembre de 2013

LA IMPOSTURA NACIONALISTA

Con secesiones políticas en ciernes, interesa resaltar más que nunca la, no sólo espúrea sino facinerosa y obscena, instrumentalización de la libertad y de la democracia perpetrada con todo descaro por el nacionalismo.

La apelación a la libertad, la idea de que las naciones deben ser libres constituyéndose en Estados políticos, no puede ser más vaga, ingenua y capciosa. Primero, no es posible acordar con mínimo rigor y objetividad cómo definir ese sujeto colectivo, esa quimera, esa hipotética entidad trascendente y necesaria, esa absurda unidad de destino en lo universal que bajo el apelativo de “nación” fundamenta las mayores violencias. Segundo, y más fundamental, la libertad -como la responsabilidad, la voluntad, el interés o cualquier otra potencia, condición o facultad humana-,  sólo se puede predicar de sujetos individuales, de personas. Ningún individuo es en absoluto más libre por el mero hecho de estar adscrito a un Estado político menor, aunque él mismo y no una mayoría pudiera elegirlo: sería una libertad tan dudosa como la de poder elegir al amo que te esclavice.  Supone una brutal perversión del concepto -del tenor de ensalzar la libertad del delincuente para agredir a sus víctimas-  sacrificar libertades individuales reales en aras de imaginarias e inexistentes libertades colectivas inspiradas en esas ficciones holistas que otorgan realidad autónoma y mente propia a grupos y comunidades, a la par que degradan al individuo a la suerte de célula desechable. La “libertad nacional” es, por tanto, una licencia poética, en el mejor de los casos; pero siempre una noción insustancial, una arbitrariedad y un torticero abuso del lenguaje.

Cuando, por ejemplo, un Estado ataca a otro amenazando su integridad, ninguna libertad real se compromete en principio por ese mero hecho (Si el Estado atacado es más totalitario que el atacante, podría incluso suponer una liberación para sus súbditos). Las únicas libertades en juego son siempre individuales y sólo en la medida que éstas se vean afectadas podrá hablarse con propiedad de liberación u opresión. Resulta sarcástico que se aprecie menoscabo de “libertad” (nacional) en el desmantelamiento de un régimen despótico, por muy extranjeros que sean sus promotores, si a la postre redunda en mayores derechos individuales;  o que se salude como una victoria de la libertad la independencia de un nuevo Estado (otra maquinaria de opresión contra el individuo) sin considerar las nuevas limitaciones individuales que pueda acarrear.

Por definición, las disputas políticas (quiénes ostentarán el poder de coaccionar a individuos pacíficos) en nada favorecen la causa de la libertad sino, a lo sumo, en términos relativos. La manipulación del principio de autodeterminación que realiza la propaganda separatista es obscena, pues se autorrefuta: piden que se acepte una premisa que niegan a renglón seguido. Si cualquier colectivo tiene derecho a autodeterminarse, ¿por qué no aplicar tal derecho hasta llegar al individuo? La contradicción es flagrante ¿Por qué restringir la autodeterminación a Cataluña y no  ampliarla a la provincia de Lérida? ¿Por qué no a la ciudad de Barcelona o a uno de sus barrios? ¿Por qué los individuos no se pueden autodeterminar? Aun admitiendo que los territorios pudieran ser sujeto de libertad, lo cual es un disparate, ¿por qué limitarla entonces, con idéntico dogmatismo inmovilista que denuncian en el centralismo, a una región y no a sus partes? ¿Por qué la libertad de los catalanes ha de ser más valorada que la de los españoles o los leridanos? Las mismas armas dialécticas que esgrimen se vuelven contra ellos. Si tuvieran razón, no la tendrían; y ello es así porque el nacionalismo es por completo inconsistente e irracional. Es, en realidad, fascista, pues, despojado de hipocresías, no apela en serio a más “argumento” que a la mera fuerza.

Analicemos ahora la impostura democrática. Sermonea el nacionalismo que lo justo y democrático es votar, pero siempre que se restrinja el voto a sus partidarios y adoctrinados.

No es, desde luego, condición suficiente de legitimidad de una votación el que se permita participar en ella a todos los afectados por el resultado de la misma (por ejemplo, dejar votar a la futura víctima en los comicios sobre su asesinato está claro que no los legitima), pero no se puede dudar de que es condición necesaria. Pues bien, los nacionalistas se arrogan la soberanía de decidir en exclusiva el futuro ajeno y pretenden con inaudito cinismo que eso es democrático. Según eso, Marruecos, pongamos por caso, podría integrarse democráticamente en el Estado español sólo con aprobar un referéndum limitado a los marroquíes y sin considerar la opinión de los españoles. Si la libre imposición unilateral de un compromiso, obviamente, escandaliza al sentido común, no se entiende cómo la libre ruptura también unilateral pueda no hacerlo.

Pero la cuestión dista mucho de ser ésa. No se trata de dos partes soberanas que simplemente deban negociar y considerar los intereses contrarios, sin que referendos unilaterales puedan resolver nada. Se trata de una banda mafiosa de privilegiados, los nacionalistas, que se inventan ex níhilo una soberanía ilegal e ilegítima con la que pretenden subvertir el statu quo.

En este punto conviene aclarar cuestiones básicas. La única soberanía legítima es la individual, pues es la única que respeta el imperativo categórico y la dignidad humana. Cuando se carece de legitimidad, y cualquier poder político convencional carece de ella por definición, la legalidad positiva se convierte en necesaria fuente de legitimidad artificial, en homenaje que el vicio rinde a la virtud para que la convivencia humana no degenere en agresión permanente. El valor de la legalidad, la implementación de normas generales y abstractas, trasunto de la suprema norma general y abstracta: la prohibición del inicio de la coacción, no radica en las concretas normas jurídicas en sí, que pueden ser, y de hecho lo son, bastante arbitrarias, sino en su generalidad, abstracción y estabilidad. Estabilidad. De ahí que, céteris páribus, la legalidad antigua es, obviamente, más “legítima” que la nueva, dado que es imposible instaurar nuevas reglas del juego sin violar las anteriores, es decir, sin alterar violentamente la convivencia.

Por ello, afirmar que la soberanía reclamada por el nacionalismo es ilegal no es una mera obviedad irrelevante, como decir que de noche no brilla el Sol, sino que presenta claras implicaciones éticas: se necesitan muy buenas excusas para perturbar la paz.

Las secuelas del aberrante positivismo jurídico, el derecho del más fuerte, inducen a restar importancia ética a la ilegalidad: si la ley es sólo la imposición inmoral del poder, no existe inmoralidad en saltársela. Pero los malvados, siquiera anecdóticamente, también pueden imponer algo bueno, de ahí que la carga de la prueba moral siempre recae en quien viola la ley.  En este caso el nacionalismo pretende violar la ley sin otro respaldo que una “moral” fascista: lo hacemos porque podemos, porque un poder tan corrupto e inmoral como nosotros no se atreverá a enfrentarse a otros delincuentes, pues valora más la paz entre criminales que el derecho de la gente honrada.

En resumen, si unas votaciones, por generales y oficiales que sean, no pueden resolver con justicia derechos fundamentales, menos lo harán unas restringidas, ilegales y amañadas. Pretenderlo es una grotesca veleidad democrática. 

Como anarcoliberal, debería celebrar la fragmentación territorial del poder, pues parece aumentar las posibilidades del individuo de sustraerse a la coacción simplemente votando con los píes, o sea, yéndose de donde no esté a gusto. Sin embargo, primero, el fin no justifica los medios, y en este caso el nacionalismo es una ideología perversa rechazable por sí misma aunque tuviera algún efecto colateral positivo. No combatirlo por razones tácticas es una inmoralidad  inasumible para un pensamiento precisamente moral y no político como es el anarcoliberalismo. Segundo, la descentralización política es más efecto que causa de libertad, como la historia demuestra; por ejemplo, no se puede decir que el mosaico feudal fuera un dechado de libertades, de hecho la burguesía y derechos civiles comenzaron a desarrollarse con los Estados autoritarios renacentistas. Tampoco está claro que en las tribus prehistóricas los individuos gozaran de grandes libertades con la vida siempre amenazada por el vecino. No, si el poder propende en buena medida a centralizarse espontáneamente es por algo. Es porque crea cierto grado de Estado de Derecho. Los anarcoliberales, simplemente, hemos descubierto que para comer jamón no es preciso tener al cerdo en casa, es decir, que para disfrutar del imperio de la Ley no es condición ni mucho menos imprescindible estar sometido a las arbitrariedades del poder. Así como el hecho de que, por ejemplo, ciertas enfermedades tengan una lógica evolutiva (la diabetes ayudó a la especie humana a sobrevivir en la Edad de Hielo) no las convierte en buenas, la inteligencia humana puede y debe aislar lo positivo de lo negativo aunque históricamente parezcan indisociables. Es este cabal conocimiento el que nos salvará, no una mera y alocada disgregación del poder de efectos más perniciosos que eficaces.

Además, es evidente que un nuevo Estado político representa una nueva barrera a la libertad de comercio y a la libre circulación de personas y capitales. Eso por no hablar de la usurpación literal de propiedad común, cuando una banda de mafiosos se apropia indebidamente de territorios cuya jurisdicción y posesión se arroga, y de la liquidación de derechos fundamentales amparados por la legalidad conculcada. Que ningún gobierno se distinga en esencia de una banda de ladrones no justifica la creación de nuevas mafias y supone arruinar lo poco o mucho de imperio de la ley que la mafia anterior haya establecido.